Medio Ambiente no aclara el futuro de los montes de utilidad pública de Cercedilla y Navacerrada

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, mantiene la partida de ajedrez en tablas sobre el caso de la concesión de los montes de utilidad pública en Cercedilla y Navacerrada que caducan en abril de 2019. Por ahora, nada nuevo. Izquierdo se ha presentado en la comisión de Medio Ambiente y ha contado lo que ya se sabía, que la Comunidad de Madrid está intentando llegar a un acuerdo con todas las partes. Así lo ha expuesto el consejero durante su comparecencia a petición del Grupo Parlamentario de Podemos, donde la diputada de la formación Laura Díaz ha tachado de “incontestable que las condiciones de la ocupación de los montes de utilidad pública para la construcción de sanatorios de altura fueran incumplidas por la concesionaria” y que se haya especulado y vendido por parcelas y los terrenos para lujosos chalés y otros abandonados por Navacerrada.

“Es necesario elaborar un estudio completo de la situación real existente en el momento en el que caduca la ocupación, desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista legal. Medioambientalmente porque los terrenos están afectados por varias normativas, muchas de ellas relacionadas con el parque de la sierra del Guadarrama. Y legalmente porque hay que estudiar detenidamente qué obligaciones tiene el titular, en qué situación jurídica se encuentran las titularidades derivadas de las cesiones, transmisiones de derechos o transacciones que afecten a la propiedad”, ha explicado el consejero medioambiental, Izquierdo.

“Por otra parte, hay que tener en cuenta que por su carácter de utilidad pública estos montes están gestionados por la Comunidad de Madrid, pero se tratan de montes de titularidad municipal. Quiero decir con esto que cuando caduque el plazo de la ocupación, la propiedad de los terrenos y de todo lo construido sobre ellos pasará automáticamente a ser propiedad de los ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada, y esto nos obliga a tener constantes reuniones con dichos ayuntamientos. También es necesario inventariar la situación actual de los terrenos y analizar los condicionantes establecidos por la normativa ambiental para poder valorar las posibilidades de su restauración paisajística y ambiental. En resumen, creo que es entendible que debido a la gran dificultad jurídica, social y económica de las posibles soluciones este tema se está estudiando cuidadosamente, valorando las distintas opciones y viéndolo con los ayuntamientos afectados”.

Tanto Podemos, como PSOE y Ciudadanos han pedido al consejero de Medio Ambiente que especifique cuáles son esas opciones para poder valorarlas. “Igual estamos de acuerdo, pero necesitamos saber qué se está barajando, tanto nosotros como parlamentarios, como los Ayuntamientos implicados y los ciudadanos afectados”, se ha quejado el socialista Rafael Gómez Montoya. Por su parte, tanto el diputado de Ciudadanos, Enrique Veloso, como la de Podemos, Laura Díez, han hecho un recorrido histórico basándose en un expediente de 1.000 páginas sobre el conflicto para tratar de desgranar los detalles de la especulación urbanística en la zona de Camorritos y el puerto de Navacerrada.

“Cuando la sociedad del ferrocarril solicita la ocupación de 85,5 hectáreas, esta vez dirigida a la construcción de sanatorios de altura, localizados en el paraje de Camorritos y complementados con edificaciones de mayor altura en el puerto de Navacerrada, se esgrimía como argumento las razones de salud pública. Era el inicio de un proyecto urbanizador. Y se le dio el visto bueno. Fijándose una indemnización total para ambos ayuntamientos de 22.922 pesetas de aquella época. Una vez concedida la ocupación, solicitó que con una inversión de 30 millones de pesetas se puedan ceder parcelas a particulares, para que ellos mismos construyan sus chalés, obteniendo así esta empresa un importante beneficio”, ha narrado Veloso.

“Todo ello fue aceptado por una real orden en 1921. Así pues la vía urbanizadora quedaba abierta y con unas perspectivas de negocio altamente remuneradoras para la sociedad concesionaria. Y esto es lo que motivó dos intentos de anulación por parte de los Ayuntamientos. El primero fue en los años 30, tras un conflicto entre los Ayuntamientos y la sociedad eléctrica del Guadarrama. Los Ayuntamientos solicitaron la anulación de la concesión y la reversión de los terrenos, ya que todavía no se había construido ningún sanatorio, y solo se habían cedido terrenos a terceros. Esta compañía alegó que habían construido ya la línea de ferrocarril, un hotel y el club alpino español, y que para la construcción de los sanatorios la concesión no fijaba ningún plazo, para la finalización de esas obras, por lo que todo era legítimo y legal”, desgrana. “El segundo intento fue en 1944 cuando pretendieron la anulación de la concesión, argumentando que la beneficiaria de la ocupación nunca tuvo como objetivo acometer la construcción de una ciudad sanitaria sino única y exclusivamente conseguir una brutal plusvalía, puesto que adquirió por 3 céntimos por metro cuadrado los terrenos, para luego venderlos a 8 pesetas por metro cuadrado de aquella época. Los problemas terminaron, eso sí, con la incorporación de estos Ayuntamientos al proceso especulativo. Mediante un convenio en 1946, en virtud del cual la compañía eléctrica del Guadarrama, el Ayuntamiento de Cercedilla y de Navacerrada firman y por el que la compañía deberá abonar a esos Ayuntamientos dos pesetas por cada metro cuadrado de superficie que a partir de ese momento se vendiera de las 60 hectáreas que se calculó que todavía faltaban sin transmitir. Así todos eran beneficiarios directos de la promoción inmobiliaria, con lo cual esas quejas ya no se volvieron a producir”.

“En esos expedientes de casi 1.000 páginas que nos han hecho llegar hay documentos que parecen capítulos del último exponente de la novela picaresca, que no es que hayan pasado 100 años, es que parece que seguimos en el año 1.554”, añade Díez, que además de de los capítulos de 1930 y de 1944, se fija en otro más reciente. “El 13 de mayo de 1981, se recibe un escrito en Al ayuntamiento de Cercedilla en el que la sociedad del ferrocarril eléctrico del Guadarrama propone la cesión al Ayuntamiento de 75.151 metros cuadrados de terreno de los montes de utilidad pública a cambio de que el ayuntamiento acceda a realizar las obras de infraestructura de alcantarillado de la zona de Camorritos. El escrito da lugar a un larguísimo debate en el pleno el 16 de junio de 1981 en el que uno de los concejales, el señor Espinosa Lázaro, hace hincapié en que parte de los terrenos que la sociedad dice querer ceder, no son propiedad de tal sociedad, y añade que debería rechazarse de plano la propuesta de la sociedad ya que sigue creyendo que tales terrenos que quiere ceder al Ayuntamiento son ya del Ayuntamiento y no pueden ser cedidos por nadie a quien es ya su propietario”, recuerda Díez.

“Y así llegamos hasta este momento, en el que nos hemos enterado por la prensa que hasta hay bancos intentando vender locales cuando quedan meses para que caduque la concesión”.

“No podemos mirar el pasado con las gafas del presente”, ha respondido Izquierdo. “De la misma manera que hace años podíamos ir en coche sin el cinturón de seguridad y no pasaba nada, ahora ni se nos ocurre”, ha continuado. Izquierdo ha expuesto que la Comunidad quiere la restauración forestal de todo el entorno de la sierra, y su recuperación paisajística y ambiental y que, por ello están trabajando con Adif para la resolución de la concesión del ferrocarril. “Lo que queremos es reordenar territorialmente pero buscando un acuerdo entre todas las partes y la recuperación paisajística y medioambiental del parque”, ha concluido.