El caso de los chalés en suelo público llega hoy a la Asamblea

En el Puerto de Navacerrada se venden dos locales a precio de ganga. Uno, en cuestión de meses ha pasado de costar de 97.000 euros a 58.000, y otro de 59.000 a 28.600. Ambos, en la calle Virgen de las Nieves, están para reformar. Lo que parece una cuestión sujeta a la oferta y a la demanda también depende de una cláusula importante: se encuentran entre las 85,5 hectáreas de monte público que el Estado cedió en una concesión en 1920 y cuya fecha caduca en abril de 2019. A partir de entonces, según especifica la ley, el terreno y todo lo construido en esa zona vuelve a pertenecer al monte, lo que significa que pasa a manos de su propietario, el Ayuntamiento de Cercedilla y de Navacerrada.

Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid —que ya ha avanzado que la concesión no es prorrogable— comparece hoy en la comisión de Medio Ambiente y ordenación del territorio para responder ante lo oposición qué planes tiene para los tres montes afectados por la concesión, situados entre ambos municipios y catalogados de utilidad pública. Hasta el momento, ninguno de los consistorios ha aclarado sus intenciones. Mientras tanto, Bankia, el dueño de los locales en venta, ha bajado el precio por si aparece algún comprador.

Los vecinos del puerto de Navacerrada viven inmersos en la incertidumbre. Los que ya han comprado y los que no saben si hacerlo. Eso explica Javier Acedo, de 30 años, que invirtió sus ahorros para comprarse un piso de 66.000 euros hace cinco años. “Yo no puedo decir que me timaran con el tema de la concesión, porque mentiría. El hombre que me vendió la casa me lo explicó. Me informé y fui al Ayuntamiento para que me explicaran qué iba a pasar con ese terreno. Y me contestaron que no sabían nada, pero que seguramente se solucionaría con una especie de canon que tendríamos que pagar”, cuenta este maquinista de tren que trabaja en Renfe, cuyo sueño siempre fue vivir en un lugar como el puerto. “Estudié INEF, me encanta el deporte, el montañismo, no cambio este lugar”.

Para Acedo, la culpa de esta situación en la que se encuentran unas 25 familias con residencia permanente en el puerto la tienen las administraciones, por no haberse enfrentado a un problema que tarde o temprano iba a estallar. “A mí nadie me explicó qué significaba tener solo derecho de ocupación. Ni que hubiera una fecha límite. Ni las administraciones, ni el notario cuando vas a firmar, nadie. Y eso que intenté informarme. Imagínate quien no lo hace. Los tontos también tienen derecho a saber qué pasa con lo que van a comprar”.

Acedo se presentó primero en una oficina del banco Santander para pedir una hipoteca de su vivienda pero no se la concedieron. Bankia, que también vendía apartamentos de su propiedad en el puerto, sí lo hizo. “No tengo nada que reprocharle al banco, al fin y al cabo gracias a él tengo mi casa. Pero, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque yo sigo pagando todo”.

Bankia asegura que la actual bajada de precios de los locales que están en venta se debe “a una campaña comercial”. E insiste: “Lógicamente, se informa de todo a cualquier persona que se interese por el local”.