El alcalde de Barreiros culpa a la secretaria de las licencias ilegales para 3.000 pisos que él concedió

El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, que se dio de baja en el PP cuando fue procesado, ha arrancado este lunes el juicio en el que se enfrenta a a dos años de prisión por el urbanismo salvaje que impulsó en el municipio culpando a quien era entonces secretaria municipal de las 44 licencias ilegales que en 2006 se aprobaron para levantar 3.000 viviendas en esta pequeña localidad costera. El regidor ha asegurado que los informes eran “favorables” y no se objetó “ningún inconveniente” para que la junta de gobierno votara a favor de dichas promociones. “Nosotros confiábamos plenamente en ella”, ha afirmado desde el banquillo de los acusados. La funcionaria, que dejó el puesto en 2012, contó hace unos años que advirtió al gobierno local de las ilegalidades y que por eso fue "presionada" y "despreciada".

Pasadas las diez y media de la mañana arrancaba el juicio en el juzgado de lo penal número 2 de Lugo sobre el urbanismo de Barreiros, “la Marbella cutre gallega", a juicio de la asociación ecologista Adega, que ejerce la acusación particular. Además del alcalde, están acusados cinco miembros de la Junta de Gobierno del año 2006 y la arquitecta municipal. La fiscalía, en sus conclusiones provisionales, pide penas que van de seis meses a dos años de prisión, además de requerir la anulación de las 44 licencias que se aprobaron para la construcción de 3.000 viviendas.

Para Fuente Parga la acusación pública solicita dos años de prisión por un delito continuado de prevaricación urbanística, en tanto que la acusación particular de Adega reclama un año de prisión por cada una de las 44 licencias por prevaricación urbanística en concurrencia con otro delito contra la ordenación del territorio. La pena sumaría 44 años para el alcalde.

A la puerta de los juzgados de Lugo, Fuente Parga, que lleva 13 con el bastón de mando, confesaba que era “un alivio” que finalmente se celebre el juicio. "Nosotros votamos siempre con informes favorables, todos ellos; con lo cual eso es lo que vamos a mantener”, ha señalado. En cuanto al urbanismo a día de hoy, el regidor ha afirmado que se desarrolla “sin ningún problema” y que las viviendas “algunas están rematadas y a disposición de sus compradores y otras quedaron paralizadas pero no por un problema urbanístico”.

El portavoz de Adega, Froilán Pallín, coincide con Fuente Parga en que haber tenido que esperar 12 años para el juicio es "un escándalo”. “Esto no es justicia, ni nada. Simplemente se destrozó a un pueblo económicamente y socialmente y se arruinó a mucha gente. Es el ejemplo de lo que no se debe de hacer urbanísticamente”, censuraba. Pallín ha explicado que “no se cumplió ninguna de las ordenanzas urbanísticas", ya que eran "terrenos que no estaban cualificados para ser edificados” porque no tenían servicios.

Las construcciones masivas que impulsó el alcalde del PP en Barreiros en 2006 llevó al entonces Gobierno gallego, dirigido por PSOE y BNG, a intervenir el urbanismo municipal de un ayuntamiento de A Mariña de Lugo que con sus muchos edificios vacíos parece en invierno “un pueblo fantasma”.