A juicio el alcalde del PP que autorizó 3.000 viviendas en un pueblo de Lugo

En 2006 el Ayuntamiento de Barreiros, un municipio de apenas 3.200 habitantes en la costa de Lugo, concedió licencias para levantar casi tres mil viviendas dispersas por terrenos que carecían de las infraestructuras necesarias de abastecimiento, saneamiento o electricidad. Casi una década después, quien sigue siendo su alcalde, el popular José Alfonso Fuente Parga, que aspiraba a convertir un pueblo hasta entonces dedicado a la agricultura y la ganadería en el principal destino turístico de la Galicia cantábrica, se enfrenta a dos años de cárcel y 10 de inhabilitación para cargo público por prevaricación urbanística.

A principios de la pasada década Barreiros vivió su particular boom de la construcción de segundas residencias. El Ayuntamiento entendió que casi cualquier terreno antes dedicado a pasto de vacas podía ser considerado suelo urbano, aunque careciese de las dotaciones necesarias para ello, y concedió cientos de licencias para levantar viviendas sin que sus promotores tuviesen que asumir también las infraestructuras necesarias. Hasta que en 2006 la Xunta de Galicia, entonces gobernada por socialistas y nacionalistas, mandó parar, intervino el urbanismo de Barreiros y llevó al juzgado las licencias otorgadas por el gobierno local.

Ahora, tras casi una década de citaciones, recursos e informes periciales, el juzgado instructor de la causa acaba de dictar auto de apertura del juicio oral, en el que la Fiscalía pedirá tanto para el alcalde como para tres concejales de su junta de gobierno los citados dos años de cárcel y diez años de inhabilitación para cargo público. Otros dos concejales se enfrentan a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación y la arquitecta municipal a dos años de cárcel y diez de inhabilitación como profesional en cualquier administración pública. Las licencias se otorgaron en su momento contando con informes favorables de la arquitecta pero desfavorables de la secretaria municipal.

Con aquellas licencias que ahora llegan a juicio y con otras muchas otorgadas en años anteriores pasó de todo. Una parte de las viviendas se levantaron, pero no todas lograron venderse, ni siquiera con ofertas aún vigentes de apenas 36.000 euros por un apartamento de dos habitaciones. En otros casos nunca se llegó a mover una piedra. Y otros muchos edificios quedaron a medio hacer, salpicando Barreiros de esqueletos de hormigón. Hoy en el municipio, además de las algo más de mil viviendas en las que residen sus 3.200 habitantes, hay otras 3.500 segundas residencias que solo se ocupan en verano y fines de semana o que están vacías.

De forma paralela a la causa judicial sobre las licencias otorgadas por el Ayuntamiento, la decisión de la Xunta de paralizar en 2006 el urbanismo de Barreiros ha venido viviendo su particular periplo judicial. Hace un año y medio el Tribunal Supremo anuló el decreto con el que el gobierno bipartito intervino el municipio por un defecto de forma al no haberlo expuesto al público previamente. Luego el actual gobierno autonómico del PP impulsó un plan, también invalidado por la justicia, para mejorar con fondos públicos los servicios de abastecimiento, saneamiento, electricidad y accesos que no habían acometido previamente los promotores privados. Plan que contó con el apoyo del entonces presidente de la Diputación de Lugo y hoy secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro. A su vez, los promotores han demandado indemnizaciones por parte de la Xunta por el parón que sufrieron sus negocios.

Al margen de la legalidad o no de sus decisiones, Fuente Parga siempre ha defendido el modelo urbanístico de segundas residencias que impulsó. Suyas son frases como “todo el mundo quiere tener una vivienda en la costa” o “¿qué tenía de malo querer ser el Sanxenxo del norte?”, en referencia a la turística localidad de las Rías Baixas en la que veranea el presidente Rajoy.