El milagro de la Sagrada Familia

El acuerdo al que han llegado el Ayuntamiento de Barcelona y el patronato del templo expiatorio de la Sagrada Familia ha resucitado viejos y polémicos fantasmas. Hay quienes desde el punto de vista artístico ven la obra como una “vergüenza mundial”, erigida sin “ningún plano” e “impropia del siglo XXI”, Oriol Bohigas dixit. A muchos les gusta: 4,5 millones de visitantes en 2017 así lo acreditan, a 15 euros la entrada de adulto. Otros critican los privilegios fiscales de los que goza. El caso es que el templo está ahí para seguir creciendo y, para algunos creyentes, para poner a la Barcelona escéptica bajo la sombra protectora de la cruz.

El hecho es que la fundación de la Sagrada Familia se ha librado de pagar durante 133 años la licencia de obra. Le bastarán 36 millones de euros, que hará efectivos en los próximos 10 años, para, a modo expiación, obtener la remisión de una parte de sus viejos pecados. Esa cantidad trata de compensar el gasto que el monumento más visitado de España genera a la ciudad: repercutirá en mejoras del transporte, del espacio público, de reurbanización del entorno y de creación de un acceso de metro directo a la basílica menor, que tiene un presupuesto de 80 millones de euros al año.

Cierto es que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que eso no supone la condonación de los atrasos por licencia de obras y que tratará de cobrar algo. Pero, si al hecho de ser un templo católico se le suma que la Sagrada Familia ha adoptado el blindaje de fundación, hay que abandonar casi toda esperanza fiscal.

Quizás hay que coger el toro por los cuernos y acabar con los privilegios de una confesión que no ha retirado a Franco la máxima condecoración

No deja de ser, pues, un éxito haber pactado con el patronato esos 36 millones en 10 años. La rambla de acceso al templo, la expropiación de 150 viviendas, la escalinata de la Gloria… queda mucho por negociar sobre el planeamiento urbanístico del barrio y quién se hará cargo de esa reubicación de centenares de vecinos afectados por el monumental proyecto si sigue adelante y culmina en 2026. Pero ningún alcalde de Barcelona había logrado hasta ahora arrancar más que conflictos judiciales, como sucedió con la construcción del túnel del AVE. Todo, pues, es relativo a la vista de los privilegios de los que goza la Iglesia católica en España.

En estos momentos, es inminente que se haga pública la relación de miles de inmatriculaciones. La Iglesia católica ha inscrito como propios y durante 70 años inmuebles, solares, iglesias, ermitas, monumentos y hasta plazas públicas sin necesidad de aportar ningún título de propiedad.

Las leyes franquistas —ley Hipotecaria de 1948— convertían a los obispos en fedatarios públicos de cualquier bien no destinado al culto, aportando al registro un simple certificado propio. El aznarato permitió que la Iglesia inscribiera los templos entre 1998 y 2015: ahí tenemos la Mezquita de Córdoba como estandarte. Hace unos días, el arzobispado de Barcelona dio a conocer que realizó 53 procesos de inmatriculación para poner a su nombre 133 bienes inmuebles. Aseguran que ha sido hecho con total escrupulosidad. Puede ser, porque la ley da barra libre. Por eso en algunas ciudades y localidades los ayuntamientos están litigando con el obispado respectivo por la frivolidad con que se han realizado la inmatriculaciones, cuyo número total ronda las 40.000 propiedades desde la reforma de Aznar de la ley Hipotecaria.

El clericalismo del aznarato vino a sumarse al espíritu preconstitucional del Tratado entre el Estado español y la Santa Sede de 1979. El catolicismo es la confesión preferente, pues goza en exclusiva del impuesto religioso y cuenta con privilegios en asuntos jurídicos, económicos y educativos. Como sintetiza un experto, “España es un Estado aconfesional con querida”.

En 41 años de democracia, ningún Gobierno de izquierdas ha denunciado ese Concordato al que no se le dio ese nombre precisamente para evitar similitudes semánticas con los suscritos en su día por Franco, Hitler o Mussolini. Quizás hay que coger el toro por los cuernos y acabar con los privilegios de una confesión que no ha retirado a Franco —cuyos restos son de difícil acomodo— la Suprema Orden Ecuestre de la Milicia de Nuestro Señor Jesucristo, máxima condecoración vaticana con la que se puede distinguir a un católico desde 1905.

Por todo ello, el acuerdo entre Barcelona y la Sagrada Familia se antoja un paso adelante. Un milagro en la ciudad de los prodigios.