El juez imputa a los cargos de la Xunta acusados de acoso inmobiliario a una anciana

La secretaria xeral técnica y de Patrimonio de la Consellería de Facenda, Socorro Martín Hierro, y el subdirector de este mismo departamento de la Xunta, Pablo Jacobo Moure, contra quienes se querelló la Fiscalía por supuesto acoso inmobiliario a una anciana, han sido citados como investigados por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense. Ambos altos cargos deberán comparecer ante el juez el próximo 19 de noviembre. El magistrado ha llamado a declarar como testigos a la anciana, Lucila Vázquez y a otro inquilino. Atendiendo la petición de la Fiscalía de que se cite a la mujer “a la mayor urgencia” dada su “muy avanzada edad y enfermedad” , el juez la convoca para el 28 de noviembre y cita al otro inquilino el 4 de diciembre.

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, acusa a los dos altos funcionarios investigados de intentar presionar a Lucila Vázquez para que desaloje la vivienda, propiedad de la Xunta desde 2001, suprimiendo todos los servicios de mantenimiento del inmueble hasta el punto de que, sostiene, su estado actual “se puede calificar de lamentable insalubre”.

El último servicio suprimido y determinante para que la anciana, que vive en un cuarto piso, hubiese tenido que abandonar su vivienda y acudir a un hotel, ha sido el del ascensor. Lleva desde el pasado enero clausurado.

La renuncia al mantenimiento de las zonas comunes del edificio por parte del casero (la Administración autonómica) se produjo, según consta en la querella del ministerio público, después de que el propio Gobierno gallego intentase desahuciar a la anciana por vía judicial sin conseguirlo: tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial ante la que posteriormente recurrió la Xunta, negaron el desahucio por entender que la inquilina estaba al día en sus pagos y el contrato estaba vigente.

Según el escrito de la Fiscalía, la Xunta pretendía dejar expedito el edificio de su propiedad considerando que los dos cargos querellados “personalmente entendían como intolerable” que los gastos de mantenimiento fuesen “de un importe notablemente superior al de las rentas de alquiler”, de 25,26 euros en el caso de la anciana y de 74,97 euros en el de otro inquilino.

No obstante, la mujer, que tiene serias dudas de que el inmueble cumpla con la normativa de agua y luz ya que sostiene que hace años que no se realizan inspecciones, advierte de que jamás se ha negado a una subida del precio de alquiler y asegura que desde es propietaria, la Xunta no ha revisado nunca la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

El inmueble, construido en los años 60 por la Cámara de la Propiedad destinadoa trabajadores de ese organismo (Lucila Vázquez se subrogó al alquiler del que era titular su esposo cuando este falleció) pasó a manos de la Xunta en el año 2001. El Gobierno gallego lleva desde entonces intentado el desalojo con el objetivo, según ha reconocido a este diario, de “rehabilitar y dar nuevos usos administrativos” al edificio con el objetivo de “reducir el gasto en alquileres” de sus dependencias en Ourense.

En cuanto tuvo conocimiento de la querella de la Fiscalía, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, mostró su completo respaldo a los cargos investigados judicialmente y amparó sus actuaciones en este caso destacando “su absoluto rigor en sus decisiones” y precisando que ambos “son honorables”.

El Fiscal no ha actuado contra el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, dado que en el momento de redactar la querella no consideraba que hubiese conocido o amparado las actuaciones de los altos funcionarios de su departamento. No obstante, Martínez ha avalado estos días públicamente a los funcionarios y ha apelado, como Feijóo, al “bien superior” del ahorro que supondría para la Xunta destinar el inmueble a sus oficinas en Ourense.

El conselleiro aseguró, además, que los dos inquilinos habían sido “contactados personalmente” y que se les había ofrecido un “alquiler equivalente” o una “idemnización correspondiente”. Lucila Vázquez asegura que con ella no lo han hecho. Y el fiscal jefe de Ourense secunda su versión.

Consta en la querella que en octubre de 2013 los cargos de la Xunta comunicaron a la anciana “la intención de la consellería de dar por extinguida la relación jurídica solicitando que de forma voluntaria desaloje la vivienda” en un plazo de dos meses. “Está intimidación se hizo sin señalar ninguna contraprestación, indemnización o solicitud de acuerdo”, sostiene el fiscal. Y añade que, igualmente, “no se señaló el acuerdo, orden, disposición, o acto administrativo de cualquier tipo que amparase la intimidación”.

Dado que no se produjo el abandono de la vivienda, la Xuta recurrió en 2015 a un desahucio por vía judicial que le resultó igualmente infructuoso: la Justicia respaldó a la inquilina.

En noviembre de 2017 los altos funcionarios enviaron a los dos inquilinos del inmueble un escrito pidiéndoles que indicasen las condiciones bajo las que estarían dispuestos a abandonar los pisos si bien, paralelamente, insistían en reclamar el desahucio a la Asesoría Jurídica “pese a conocer la sentencia contraria al mismo”, sostiene el fiscal. Dos meses después, el pasado enero, la Xunta anunció “deficiencias muy graves” en el ascensor que no ha reparado hasta la fecha.