Temporalidad pública

Existe un raro consenso sobre los costes sociales que comporta el elevado nivel de temporalidad de nuestro mercado laboral, el más enfermo de Europa junto al griego. La inestabilidad en el trabajo es la primera fuente de precariedad, eso nadie lo discute, y las administraciones se rasgan las vestiduras ante la incorrecta utilización de los contratos con fecha de caducidad. Sin embargo, cabe preguntarse sobre la sinceridad de su preocupación y su real determinación a la hora de combatir tal lacra si, al mismo tiempo, no se muestran capaces de dar ejemplo en campo propio, y más aún si su actuación contribuye a agravar el problema.

En Cataluña, la proporción de personal temporal en el sector público es superior a la que arroja la del sector privado: mientras que hoy las empresas mantienen un 20,9% de efectivos con contratos de duración determinada, en el caso del empleo público el nivel de temporalidad se sitúa casi cinco puntos porcentuales por encima (25,3%). Son datos extraídos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2018.

La necesidad de contención del gasto público es un argumento que vale a medias; muchos puestos estructurales se están cubriendo con temporales

La temporalidad es un mal endémico de las administraciones en todos sus niveles. No es un problema exclusivamente catalán. Pero valga decir que la temporalidad en el sector público en el conjunto de España (24,9%) es inferior a la catalana y, además, bastante inferior a la existente entre las empresas privadas (27,2%).

No es un motivo de sonrojo desconocido para la Generalitat. En junio de 2017, el Gobierno catalán pactó con los principales sindicatos un acuerdo en el que se comprometía a disminuir la proporción de temporalidad al 8% en el plazo de tres años. Fue un pacto cerrado pocos meses después del atado entre el Gobierno central y las centrales sindicales, que perseguiría alcanzar igualmente el nivel del 8% en 2020. No obstante, transcurrido un año desde aquel pacto, la temporalidad del sector público catalán ha empeorado: el segundo trimestre de 2017, la tasa era del 20,5%, según la EPA, y un año después, ha subido hasta el citado 25,3%.

Se podrá alegar que el año transcurrido es el más excepcional y convulso desde la recuperación de la democracia. Cualquiera se pone a pensar en reducir la precariedad. Y más, en un contexto de austeridad en el que la convocatoria de nuevas plazas se había convertido en pecado mortal, en la medida en la que puede incrementar el gasto público.

Pero con un poco de retrospectiva se constata que las razones para el sonrojo ya eran previas. Porque desde el inicio de la recuperación (2013), el incremento en valores absolutos de empleados en situación de temporalidad es del 52,8%. Y desde 2015, cuando se produjo la consolidación de la recuperación económica, el incremento ha sido del 61,5%, pues en estos tres años el personal no fijo ha dado un salto de 40.000 personas, hasta situarse en los 106.100. La temporalidad es especialmente elevada en sectores como la enseñanza y la sanidad.

Tras el acuerdo de junio de 2017, el Govern anunció la próxima convocatoria de oferta pública con 30.000 plazas, que según los sindicatos CC OO y UGT son muy insuficientes para la reducción pretendida. Al menos, era un primer paso. En julio de 2018, el nuevo Govern volvió a anunciar las mismas 30.000 plazas, cuya aprobación está por producirse y que se irá concretando a lo largo de la legislatura. Los interinos pueden presentarse y cuentan con méritos acumulados que computan. El hecho de que la media de edad en la administración sea elevada apunta, además, la necesidad de reposición de al menos otro 10% de plazas en cuestión de un lustro.

La necesidad de contención del gasto público es un argumento que vale a medias, puesto que la existencia de una capa tan amplia de empleos inestables que no solo se mantiene constante, sino que va a más, indica que muchos puestos estructurales se están cubriendo con temporales, que no pueden mejorar su carrera en la administración y que pueden ser desplazados por un funcionario. Ha habido casos de personal que se ha jubilado siendo aún interino después de 20 años de trabajo.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) refuerza la doctrina de que el empleo temporal tanto en el sector público como en el privado no se puede emplear para puestos de trabajo permanentes.

Como dice el refrán, si el prior juega a los naipes, ¿qué harán los frailes?