La corrupción aflora en el yermo de la Ciudad de la Justicia

Tres calles dedicadas a grandes arquitectos –Julio Cano Lasso, José Antonio Corrales y la glorieta de Aníbal González– delimitan por varios de sus lados uno de los grandes fracasos urbanísticos de la España actual: la Ciudad de la Justicia de Madrid. El proyecto de concentrar todas las sedes judiciales de la capital en 14 edificios de planta circular en la zona de expansión de Valdebebas, junto a los campos de entrenamiento del Real Madrid y la T4 del aeropuerto de Barajas, tenía todos los elementos para naufragar: unos políticos caprichosos, unos directivos enchufados e inexpertos, y una burbuja inmobiliaria que hinchó los precios al mismo volumen que los egos. Y ciertamente los supo combinar para que el hundimiento fuera estrepitoso.

Una década después de que la presidenta madrileña Esperanza Aguirre pusiera la primera piedra, solo un inmueble vacío con forma de donut, llamado a albergar el Instituto de Medicina Legal (IML), dialoga con los grillos y la maleza en un erial de 26 hectáreas. El IML era el más barato y el más pequeño de los edificios del complejo, y el único que se terminó de construir. Su autor, el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, abandonó el proyecto en noviembre de 2008, siete meses después de la primera piedra. Estaba agraviado porque el edificio de los médicos forenses tenía menos presupuesto que los otros, y temía que por ello la gente dijera que su obra es “una mierda”.

“No hay nadie que tenga una idea de cuánto vale la Ciudad de la Justicia y de cómo se asignan los presupuestos”, denunciaba ya entonces Zaera-Polo, a quien presionaban para que el inmueble estuviera listo antes de las elecciones de 2009. Javier Rodríguez, el apoderado de la empresa pública Campus de la Justicia, encargada del proyecto, decía que el IML estaba sobredimensionado. “Tendría que pasar lo de Chernóbil o algo así para que ese edificio entre en pleno funcionamiento”, manifestó en la Asamblea de Madrid. El agujero para las arcas públicas detectado hasta ahora en el conjunto del proyecto supera los 105 millones de euros.

La Ciudad de la Justicia ya no es solo un fiasco urbanístico, económico y político. En ese yermo del noreste de Madrid comienza a aflorar ahora la penúltima causa de corrupción de la justicia española. El sumario, en manos del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, de momento solo es un número, el 91/2018, y todavía no tiene un nombre que lo haga famoso, como Gürtel, Púnica o Lezo. El magistrado, que aún no ha imputado a ningún responsable del proyecto, está recabando documentos para la investigación.

De la Mata no lo tendrá fácil en esta tarea inicial: los ordenadores de la empresa pública Campus de la Justicia, promotora del proyecto, no se encuentran y parte de la documentación ha desaparecido de los archivos. Esto último ha quedado de manifiesto en el macrosumario Púnica, donde una pieza separada investiga los contratos de publicidad de este desarrollo urbanístico, valorados en 6,4 millones de euros. Se trata de una cifra difícilmente explicable cuando lo que se promociona son unos edificios destinados a juzgados, fiscalías y servicios para la Administración de Justicia y no viviendas.

La Ciudad de la Justicia ha sido uno de los ejes de la Comisión de Estudio sobre el endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid que se lleva cabo en la Asamblea regional. Los grupos de la oposición –PSOE, Podemos y Ciudadanos- presentaron el pasado marzo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. El PP, a remolque de la situación, presentó la suya en abril. Ambos escritos hacen referencia, entre otros, a informes de la Cámara de Cuentas autonómica, que recaban irregularidades numerosas irregularidades contables, administrativas y de contratos.

La idea de reunir las sedes judiciales de Madrid, excepto las estatales –Tribunal Supremo y Audiencia Nacional–, dispersas en 15 edificios, la lanzó en 1996 el entonces presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, aunque no fue hasta julio de 2004 cuando su sucesora Esperanza Aguirre anunció su ubicación definitiva en el parque de Valdebebas. Antes de este emplazamiento, el complejo judicial había saltado por varios terrenos candidatos de la capital: el antiguo cuartel de ingenieros de la Ciudad de los Ángeles, los terrenos del depósito del Canal de Isabel II en Plaza de Castilla, las cocheras de Metro de la Avenida de Asturias, los cuarteles de Campamento y la Operación Chamartín.

La Ciudad de la Justicia se contemplaba como una verdadera locomotora inmobiliaria de todo el parque de Valdebebas. Al norte de los edificios judiciales, el planeamiento prevé parcelas de suelo comercial, que podrían atraer a grandes despachos de abogados, y también zonas residenciales. Aguirre y el máximo responsable del proyecto, el consejero de Justicia Alfredo Prada, optaron por Valdebebas pese a que el planeamiento urbanístico para su desarrollo no estaba aprobado.

Las obras se iniciaron en abril de 2008, después de un concurso internacional de ideas para el anteproyecto al que se presentaron más de 300 estudios de arquitectura y en el que fue seleccionado el plan de los arquitectos de la Escuela de Madrid Javier Frechilla (1949), Carmen Herrero (1948) y José Manuel López-Peláez (1945). Este proyecto consistía en un conjunto de edificios circulares de distinta dimensión y conectados entre sí. Cada uno de los edificios se encargaría después a arquitectos de fama mundial, como Norman Foster, a cuyo estudio se abonaron casi 13 millones de euros por los proyectos nonatos de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las joyas de la corona del macrocomplejo.

La denuncia que ha dado pie a la investigación judicial relata irregularidades desde la misma creación de la empresa pública Campus de la Justicia, en diciembre de 2004, hasta su disolución, en julio de 2014. La propia naturaleza mercantil de la sociedad le permitía eludir las restricciones y controles de las leyes de contratos del sector público. Campus, presidida por Alfredo Prada, cubrió todos los puestos de trabajo con personas de confianza de los políticos con cargo de directivo y sin experiencia en este tipo de macroproyectos. La gestión de la obra, financiada con dinero público que se pretendía obtener de la venta de las sedes judiciales repartidas por todo Madrid, se externalizó a la consultora de arquitectura Bovis Land Lease, que, según la denuncia cobró cuatro millones, cuatro veces más que el presupuesto inicial.

La denuncia señala que el director técnico de Campus, Isabelino Baños, y la persona que tomó las principales decisiones del proyecto, procedía de Bovis. Antes de tomar las riendas del macrocomplejo judicial, defendió los intereses de los propietarios de los terrenos en su negociación con Campus. Este técnico rechazó acudir a la Comisión de Investigación de la Asamblea. Si le llama el juez, no podrá negarse.