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Esperanza Aguirre: “La Ciudad de la Justicia fue un proyecto megalómano”

La política popular ha asegurado que las obras se pararon en 2008, al entender que no iba salir gratis para los contribuyentes

El Instituto de Medicina Legal, único edificio en la Ciudad de la Justicia.
El Instituto de Medicina Legal, único edificio en la Ciudad de la Justicia.

"Hay que reconocer los errores, y visto desde hoy el proyecto de la Ciudad de la Justicia fue megalómano”. Son palabras de Esperanza Aguirre, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid que en 2008, cuando se puso en marcha el plan de aglutinar todas las instituciones de la Justicia madrileña en un único lugar, estaba al frente de la Comunidad de Madrid. “Era una medida que no formaba parte de nuestro programa, pero todos los estamentos de la Justicia pidieron que se llevase a cabo el proyecto. Lo pusimos en marcha porque estábamos seguros de que no iba a costar un euro a los contribuyentes”, ha insistido Aguirre esta mañana.

En el programa televisivo Al rojo vivo, emitido por La Sexta, la política del PP ha explicado que las autoridades de la Justicia madrileña "decían que faltaban edificios emblemáticos del poder judicial, que no había inmuebles arquitectónicamente señalados”. Se decidió pues agrupar todas esas instituciones “como pasa en Barcelona y en otras ciudades del mundo. Como que el palacio de justicia es en todas ciudades un lugar emblemático, nos planteamos que realizasen la nueva Ciudad los mejores arquitectos. Norman Foster [el autor del proyecto] es un grandísimo profesional, de fama mundial”, ha señalado la portavoz del PP en el Ayuntamiento.

“Vendimos algunas de las antiguas sedes judiciales a un precio tres veces más que elevado que la cifra en la que se tasaron y el terreno es de propiedad de la Comunidad de Madrid. Así que tanto la Consejería de Hacienda como Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia y vicepresidente de la Comunidad] corroboró que no iba a costar un euro a los ciudadanos".

Aguirre ha asegurado que el proyecto se paró en 2008, cuando su gobierno se dio cuenta de que no iba a ser así. Rechaza las acusaciones de que haya habido un despilfarro de 105 millones de euros, como EL PAÍS publicó el pasado lunes: “El dinero está invertido en las vías de comunicación subterráneas que conectan los edificios”, ha asegurado. “El periódico EL PAÍS ha definido el terreno un secarral. Es verdad, pero cuando acabe la crisis seguro que tendrá mucho más valor”, ha insistido.

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