El complejo salto de Puigdemont al Parlamento Europeo

Europa vive tiempos de inusuales fichajes políticos transnacionales. El exprimer ministro francés Manuel Valls suena como próximo candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona. Y el socialista belga Paul Magnette, célebre por bloquear durante semanas el acuerdo comercial UE-Canadá, tiene encima de la mesa una oferta de los socialistas franceses para las elecciones europeas. El último en aparecer en las quinielas de una lista foránea ha sido el expresidente Carles Puigdemont: el diario flamenco Het Laatste Nieuws reveló la semana pasada la existencia de contactos para que el político catalán concurra en mayo de 2019 a los comicios al Parlamento Europeo junto a los nacionalistas flamencos de la N-VA, la formación más votada de Bélgica y el mayor aliado del independentismo catalán en el país.

Consultadas por este diario, fuentes del partido nacionalista flamenco eluden confirmar el salto de Puigdemont a la política europea, aunque no lo descartan tajantemente. "Son rumores", indican. La legalidad de la jugada se ha puesto en entredicho. Puigdemont afronta un obstáculo aparentemente insalvable: Bélgica, un país con una especial sensibilidad con la diversidad lingüística, recoge en su ley electoral que los candidatos deben manejar el idioma de la región donde se presentan. Puigdemont vive en Valonia y se expresa en inglés y francés, pero le votarían en Flandes, y la norma establece que quienes integren las listas allí han de saber neerlandés. "El candidato debe confirmar esta afiliación lingüística durante su acto de aceptación de la candidatura", señala la ley.

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Sin embargo, hay expertos que interpretan que la obligación de conocer la lengua solo rige para los candidatos locales, y los extranjeros quedarían exentos. Así lo cree Christian Behrendt, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Lieja. "Es un falso debate, la ley no lo exige para los extranjeros. Distingue entre los candidatos de nacionalidad belga y los de otro país. Y aun cuando lo exigiera, no hay ningún examen previsto", explica. La cuestión genera opiniones encontradas. Thibault Gaudin, profesor de la Universidad Libre de Bruselas, estima que la obligación de saber el idioma está vigente para todos: "Cuando se adoptó el artículo los diputados le preguntaron al ministro de Interior si incluía a los extranjeros y este respondió afirmativamente. No hay examen previsto, pero Puigdemont tendría que presentar una declaración asegurando que habla neerlandés para poder ser candidato", afirma.

En el plano puramente político, su ingreso en el Parlamento Europeo le permitiría contar con un importante altavoz mediático. Pese a los 1.500 kilómetros que separan Bruselas de Madrid, y a ser solo uno de 751 diputados, las intervenciones en los plenos, los previsibles encontronazos con otros eurodiputados del PP o Ciudadanos, y su participación en misiones en el extranjero multiplicaría su visibilidad. "Ahora mismo no tiene una plataforma política que le dé voz para ejercer el liderazgo en Cataluña. Toda su acción pública gira en torno al Consejo de la República y esa ficción institucional que hay montada en una casa a las afueras de Bruselas. El Parlamento Europeo sería una plataforma perfecta para enviar mensajes al exterior", opina un eurodiputado.

A eso hay que añadir la inmunidad que otorga el escaño. Los europarlamentarios no pueden ser detenidos o procesados en el territorio de cualquier otro Estado miembro. España puede solicitar que se levante la inmunidad, pero con el incómodo peaje de que el proceso atraiga de nuevo los focos internacionales: Puigdemont tendría derecho a ser oído al respecto, y finalmente sería una votación la que decidiría si se le despoja de protección para ser juzgado. El drama perfecto para volver a llevar a las portadas la épica del exilio y la persecución.

No está claro que la N-VA quiera implicarse en un movimiento repleto de riesgos. Es un partido con mucha fuerza en el Ejecutivo belga y su condición de colaborador para llevar a Puigdemont a la Eurocámara puede enrarecer la relación con España. En un momento en que las tensiones independentistas están aparcadas en Bélgica, el guiño reactivaría las críticas en clave interna de la oposición francófona. También hay quién alerta de eventuales recelos de otros aspirantes, dado que los nacionalistas flamencos obtuvieron en las últimas elecciones solo cuatro eurodiputados y el expresident ocuparía uno de esos valiosos asientos, acompañado de un jugoso salario de más de 8.000 euros brutos mensuales. Para evitar perder un eurodiputado, fuentes parlamentarias señalan que la operación, de plantearse, tiene todos los visos de ser un intercambio: un miembro de la N-VA figuraría en las listas independentistas catalanas igual que Puigdemont lo haría en Flandes. El expresident no puede presentarse en España porque de ser elegido debería recoger su acta en Madrid y acudir al Congreso de los Diputados para firmar diversos documentos, algo que sí puede hacer un homólogo flamenco.

La jugada también podría alterar las alianzas europeas. El PDeCAT forma todavía parte del grupo liberal en la Eurocámara, pero la relación se ha deteriorado ante el apoyo de sus líderes al Gobierno español en la crisis catalana y el creciente ascenso de Ciudadanos, también miembro de la misma coalición. La llegada de Puigdemont a la N-VA, adscrito al grupo de los conservadores, sería el golpe de gracia a un idilio que, pase lo que pase, parece tener los días contados. Y pondría en peligro la imagen exterior del independentismo al aparecer Puigdemont compartiendo grupo con partidos euroescépticos y xenófobos.

"Es absurdo que un acusado de gravísimos delitos en un Estado miembro, fugado de la justicia, pueda ni siquiera plantear convertirse en eurodiputado, que significa representar a 500 millones de europeos y legislar en su nombre. Y menos aún presentándose por otro país", critica la eurodiputada de ALDE, Beatriz Becerra.

Desde su marcha a Bélgica, Puigdemont ha dirigido el vagón hacia una montaña rusa de emociones e inesperados giros. Casi dos semanas después de su vuelta de Alemania, libre ya de cargos judiciales fuera de España, su capacidad para sorprender y mantener en un primer plano internacional la causa independentista vuelve a ponerse a prueba. Pocos le imaginan dando los buenos días cada mañana a los vecinos y vegetando en el cómodo y aburrido barrio de Waterloo durante los casi 20 años que restan hasta que prescriban sus presuntos delitos en España.