No faltemos al respeto a la realidad

Cada vez se llama más la atención sobre el peligro que suponen determinados discursos políticos para nuestras democracias. Ya no es que algunos responsables políticos o referentes de opinión pública utilicen el trazo gordo para explicar nuestras realidades; el peligro radica en que la mentira, la hipérbole, se utiliza para construir diagnósticos falsos, sobre los que se desarrollan discursos alternativos sin base fáctica para los que se ofrecen fórmulas políticas ineficaces. Fíjense, si no, lo que ocurre con el discurso procesista en Cataluña que, además, se sustenta en una constante huída hacia adelante, en la que nada impide cambiar el argumentario cuando algunas de sus bases han sido desmentidas, o volver a puntos de partida que dábamos por superados.

Así, mientras el president Torra sigue insistiendo en que Cataluña posee, según el Derecho Internacional, el derecho a la autodeterminación (recuerden que ante la imposibilidad jurídica, se optó por el desarrollo del “derecho a decidir”), ahora se añade que la lucha por la República no es necesariamente aquella non-nata tras las dos pseudo-DUIs (declaración unilateral de independencia), sino que se trata de luchar por un estado libre de las ataduras antidemocráticas que representa una (la) monarquía. Se intenta sumar adeptos a la causa a través de un (nuevo) cambio de paradigma. El problema no es España en sí, sino una monarquía heredera del franquismo que, parece ser, oprime al inexistente “poble” catalá. Y lo digo sin atisbo de sarcasmo dado que soy una republicana convencida que preferiría que la forma política del estado fuera una República y no una Monarquía, por cierto, parlamentaria. Sin embargo, no cabe confundir la lucha leal por el cambio de sistema (aunque tenemos ahora otras prioridades) y la exigencia de depuración de responsabilidades jurídicas, con el utilitarismo frívolo de los líderes procesistas que, desde Bélgica, dan lecciones de democracia mientras el Parlament está cerrado hasta nuevo aviso porque, como institución partidista, solo funciona cuando hay acuerdo entre los independentistas.

Sin embargo, esta falta de respeto a la realidad, a los datos oficiales y a los resultados de las investigaciones científicas (también las sociales) ha tomado un gran protagonismo en el Partido Popular. Su flamante nuevo líder, Pablo Casado, quizá para esconder sus propias vergüenzas, se ha volcado en aprovechar la situación de los más débiles, los sin voz, para iniciar una nueva campaña del miedo basada en mentiras, al estilo de Farage o del indómito Trump. Los inmigrantes que huyen de la desesperación se han convertido en una especie lacra masiva que viene a hacerse con España, con nuestros trabajos, con nuestra sanidad, nuestra educación, etc. Aduciendo una política de papeles para todos que Sánchez no ha defendido, Casado ha hablado de millones de inmigrantes africanos llegando a las costas españolas. Nada más lejos de la realidad: en lo que llevamos de año han llegado a España (incluyendo Ceuta y Melilla) menos de 30.000 personas, según cifras del Ministerio del Interior. Las cifras en los últimos años han ido aumentando, y este año serán más, pero la culpa no es de las desesperadas que huyen de hambrunas, guerras, persecuciones y otras lacras ciertas. Los hechos son que Italia (y, en infinita menor medida, Malta), en contra de los valores y principios escritos del Derecho de la Unión Europea, ha optado por cerrar sus puertas y puertos a estas personas. Algunos Estados de la ribera sur del Mediterráneo, alentados por las políticas migratorias de la Unión, juegan con su capacidad de regulación de flujos como medida de presión para recibir fondos. Y, por supuesto, seguimos sin plantearnos cual es el papel de los países ricos en las situaciones ruinosas de los países de los que provienen estas personas: ¿cómo ha repercutido nuestra globalización económica en aquellas tierras? Eso sí, mientras Casado daba a la mano a los africanos en Ceuta, en el Aquarius se ha instalado una cámara frigorífica para almacenar los cadáveres que se generan en sus travesías de rescate. Estén atentos a las cuentas de twitter de dos expertas en la materia, Gemma Pinyol y Amparo González, que ni siquiera en agosto permiten que nos olvidemos de semejante horror.

Recordaba Eloísa del Pino esta semana en Agenda Pública que la existencia de datos, de análisis y de evaluación de las políticas públicas obligan a los que nos dedicamos al análisis de la realidad a no quedarnos en la anécdota o en el dato coyuntural, a poner las luces largas para impedir que los argumentos falsos y los discursos populistas lleguen para quedarse y socaven la bases de nuestros sistemas democráticos.

Argelia Queralt és doctora en Derecho y profesora agregada de la UB.