Lamela, la asociación fantasma y medio millón de euros desaparecidos

Las irregularidades que rodearon el destino de los 80 millones en préstamos a la innovación que el Gobierno de Esperanza Aguirre repartió en 2011 afectaron especialmente al proyecto de sanidad privada que pilotó el polémico exconsejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela. Lamela consiguió financiación para un negocio de turismo sanitario que no suponía ninguna innovación tecnológica a través de la creación de una asociación sin ánimo de lucro con la que evitó aportar garantías (un fiador, un inmueble…) en caso de impago, según confirma un informe de la Intervención General al que ha tenido acceso EL PAÍS. La asociación nunca ha devuelto los 500.000 euros que obtuvo.

El proyecto de sanidad privada de Lamela se llamaba Madrid Medical Destination. Unos años después de abandonar la consejería de Sanidad de Madrid, de donde salió abruptamente tras el escándalo del bulo de las sedaciones irregulares en el hospital de Leganés, Lamela ideó un negocio que consistía en asociarse con los grupos hospitalarios y clínicas privadas de la región y promocionar la sanidad madrileña para atraer a pacientes extranjeros. Su empresa fue una de las que se benefició de unos créditos que el entonces Ministerio de Ciencia repartió entre las comunidades autónomas para que estas ayudaran a financiar proyectos innovadores.

El Gobierno de Aguirre dejó en manos de una opaca asociación de empresarios llamada Madrid Network la gestión de esos créditos, que acabaron llegando a proyectos de exaltos cargos de la propia Aguirre como Lamela o Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II con Ignacio González y actualmente imputado también con él en el caso Lezo de saqueo de esta empresa pública. El proyecto de Lamela obtuvo 1,3 millones pero solo llegó a percibir una primera entrega porque empezó a incumplir las condiciones pactadas y Madrid Network le cortó el grifo. Le rescindió el contrato y poco después demandó a la asociación por no devolver el crédito.

Ante las irregularidades que se iban conociendo sobre la gestión de estos 80 millones de dinero público (proyectos fallidos, no devolución de los préstamos…), la Comunidad de Madrid solicitó a su Intervención en 2016 que analizara cómo se habían seleccionado las empresas y las condiciones de los préstamos. El primer informe, genérico, dejó fuera dos de los proyectos más polémicos, por lo que se encargó un segundo, centrado en la asociación creada por Manuel Lamela y la empresa Saerco, presidida por De Miguel, que se benefició de 3,1 millones.

La primera es la que concentra las irregularidades, como el hecho de que el proyecto ni siquiera fuera innovador. Madrid Network subcontrató la evaluación de los proyectos a una consultora llamada Arcano. Los interventores pasaron cerca de un mes en Madrid Network analizando información y encontraron informes en los que Arcano indicaba que el negocio de Lamela no aportaba “ninguna contribución al progreso tecnológico” y que no se trataba más que de “la oferta de un servicio”. Pese a ello, se le concedió el crédito, al que dio el visto bueno una comisión paritaria de la que formaban parte tanto la Comunidad de Madrid como el Ministerio de Ciencia e Innovación. El proyecto se enmarcó en un epígrafe titulado: “Ayudas a empresas jóvenes e innovadoras”.

Los créditos, con interés inferior al del mercado (llamados también créditos subvencionados) y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se entregaban en tres libramientos. Al negocio de Lamela le correspondía un primer pago de 523.600 euros, según el contrato. Sin embargo, tal y como desvela el informe de la Intervención, finalmente solo le transfirieron 500.000. ¿Por qué? A los interventores les llama la atención cuando examinan el expediente porque en ningún otro caso se ha recibido menos dinero del que figura en la escritura. El misterio se resuelve cuando entran a analizar las garantías exigidas a los proyectos.

El informe confirma que la junta directiva de Madrid Network hizo una excepción con el proyecto de Lamela: aprobó una exención de constitución de garantías de los primeros 500.000 euros para las entidades sin ánimo de lucro. Justamente lo que era, al menos sobre el papel, la asociación creada por Lamela para pedir el crédito. En una carta consultada por los interventores, la entonces directora general de Economía de Madrid, Elisa Robles, asegura que el motivo de este cambio son “razones operativas ligadas al propio beneficiario”.

No acaban aquí las irregularidades. A los inspectores les sorprende la “confusión” con los nombres. Quien solicita el crédito es la Asociación Madrid Centro Médico, supuestamente sin ánimo de lucro, pero resulta que hay una empresa, Madrid Medical Destination, que se llama igual que el proyecto y que además está participada minoritariamente (5%) por la asociación. Aunque la solicitud del crédito la hace la asociación, en varios informes Madrid Network se comunica con la empresa, y de hecho es esta la que ratifica su interés en ser beneficiaria en junio de 2011.

Finalmente, es la asociación la que firma del contrato, “si bien la composición del accionariado […] corresponde a la sociedad limitada”, escriben los interventores. Este accionariado aparece en el PAGI (Plan de Actividades, Gastos e Inversiones) que tuvieron que presentar los interesados en los créditos, anexo a la escritura.

Cuando Madrid Network ha intentado demandar a la asociación para exigirle el pago de la deuda, se ha encontrado con que nadie responde por ella. El Juzgado de Instrucción 56 de Madrid archivó el procedimiento en 2016 por “falta de domicilio”. Según ha podido saber EL PAÍS, Madrid Network ha presentado una nueva demanda. Lamela, por su parte, asegura que su mandato caducó en junio de 2013 y que en marzo de 2014 “comunicó formalmente su renuncia a ser reelegido”. Es decir, afirma que ya no preside la asociación. Las asociaciones están obligadas a comunicar cambios en la junta directiva. EL PAÍS ha comprobado que en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid Lamela sigue apareciendo como presidente de Madrid Centro Médico y que la asociación está domiciliada en un piso de una urbanización acomodada de Pozuelo de Alarcón, domicilio a su vez de un socio suyo, Mario Esteban (tesorero en la asociación), que no respondió a las llamadas de este diario.