La Generalitat y el derecho a la vivienda

En las últimas semanas, diferentes colectivos y asociaciones vecinales han denunciado la subasta de 41 inmuebles prevista el próximo 5 de julio, con la campaña La Gene especula. Se trata de pisos, solares y locales que han pasado a manos de la Generalitat porque quien ostentaba la propiedad murió sin herederos. Es decir, son bienes que el gobierno tiene derecho a adjudicarse y que, por lo tanto, pueden dedicarse fácilmente a ampliar el parque de alquiler público en el caso de los pisos, a promover nuevas viviendas cuando son solares, y a preservar comercios de proximidad cuando se trata de locales comerciales.

En concreto, entre los inmuebles que se quieren vender al mejor postor, hay 15 pisos situados en barrios céntricos de Barcelona como El Raval, Les Corts o Poble Sec con una gran carencia de vivienda asequible. El resto se encuentra en diferentes municipios de Catalunya como Castelldefels, Badalona, Girona o Granollers. A pesar de tratarse de tres objetivos básicos —movilizar viviendas hacia el alquiler público, incrementar los solares para promover nuevas viviendas y fomentar el comercio emblemático—, el gobierno de la Generalitat ha decidido parar solo la venta de uno de los inmuebles.

Así, poco después de las protestas, la Generalitat decidió parar la subasta del edificio de la calle Llibreteria, en Ciutat Vella, aludiendo que esta venta afectaba a un comercio emblemático, el Mesón del Café, situado en los bajos de la finca. Ninguna mención a la voluntad de preservar el derecho a la vivienda de los inquilinos que viven en la misma finca y, muy probablemente, se hubieran visto expulsados por los nuevos propietarios.

La decisión de proseguir con la subasta del resto de viviendas contrasta con la grave crisis habitacional que afecta a Catalunya. Una crisis estrechamente vinculada con la carencia de parque público y con el gran esfuerzo que tienen que hacer las familias para hacer frente al pago de la vivienda a precio de mercado. Un parque público, recordamos, que es inferior al 2% cuando la Ley por el Derecho a la Vivienda de Cataluña de 2007 establece la necesidad de disponer de un 15% de vivienda social. La carencia de parque público hace que más de 100.000 unidades familiares estén inscritas a los Registro de Solicitantes de Vivienda a la espera de una vivienda de protección oficial, que difícilmente llegará.

Es evidente que parar la subasta no resolverá la emergencia habitacional. Para revertir el atraso histórico en materia de política pública de vivienda hacen falta medidas estructurales. Algunas de estas medidas, como modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para impedir alquileres abusivos, incrementar la dotación presupuestaria del Plan Estatal de Vivienda o vincular los privilegios fiscales de las sociedades de inversión (SOCIMIS) al fomento del alquiler asequible, dependen del Gobierno central.

Otros cambios imprescindibles como calificar la vivienda de protección oficial de por vida como se hace en Euskadi desde 2002, incrementar las compras de vivienda, sancionar los pisos vacíos de los bancos tal y como prevé la ley catalana de 2007, o ampliar a los municipios con más demanda de vivienda social la medida impulsada en Barcelona para que todas las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones incorporen un 30% de vivienda asequible, corresponden sólo a la Generalitat.

Sin embargo, ante el cambio normativo impulsado por Barcelona a propuesta de entidades sociales y vecinales, la respuesta la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, ha consistido en expresar dudas jurídicas y emplazar, en todo caso, a que la modificación normativa se haga por parte del gobierno metropolitano. Como si más allá del área metropolitana, en ciudades como Terrassa, Sabadell o Girona, estuviera resuelta la cuestión de la vivienda. Escuchar estas declaraciones justo en el momento que está prevista la subasta de patrimonio público al mejor postor desgraciadamente hacen dudar sobre si la Generalitat especula. Lo que sí queda claro es que el Govern no está dispuesto a impulsar los cambios urgentes que se necesitan para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

Vanesa Valiño es jefa de Gabinete de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.