La Fiscalía se querella contra el alcalde y cinco concejales de Villaviciosa de Odón

La querella acusa al regidor, a tres ediles del PP (Joaquín Navarro, María Ángeles Méndez y David Prieto), uno de Ciudadanos (Miguel Ángel Sáinz) y otro del PSOE (Mercedes Castañeda) de cometer delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad, prevaricación administrativa, urbanística y falsedad en documento público. La Fiscalía señala que Jover Sanz oficiaba bodas en la parcela o delegaba la competencia en los concejales. Luego alteraba las actas para simular que se habían celebrado en otros lugares que sí disponían de licencia, algo que el regidor ha negado en un comunicado de prensa. Un portavoz del PSOE-M reconoce que Castañeda confió en el regidor “sin saber que estaba haciendo una cosa alegal”.

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El alcalde de Villaviciosa desde 2007 afirma que en la querella se hacen “hasta nueve juicios de intenciones” sobre su conducta, lo que “afecta al relato de los hechos y distorsiona su percepción”. Los hechos se remontan a 1992, cuando Pescaderías Coruñesas adquirió la finca El monje. Siete años después la zona, en pleno Parque Regional del Guadarrama, fue declarada Espacio Natural Protegido y clasificada como suelo No Urbanizable de Especial Protección. Pese a ello, en marzo de 2011 el Ayuntamiento de Villaviciosa incoó un expediente de licencia de obra para rehabilitar el Palacio de Rúscoli, ubicado en el interior de la parcela.

Sanción económica

Pescaderías Coruñesas, propietaria de la finca, “llevó a cabo una edificación de considerables proporciones, con aumento de superficie y volumen edificados”. La Fiscalía señala que, “al menos” desde el 23 de abril de 2016, la empresa o sociedades vinculadas a ella celebraron eventos públicos en las instalaciones a pesar de “carecer de licencia de actividad”. En junio de ese año, y a raíz de una denuncia, el Consistorio abrió un expediente de sanción a la empresa, pero el alcalde, “con el propósito de favorecer los intereses la compañía, dio instrucciones verbales sin cobertura legal con el fin de que la Policía Local no inspeccionara la parcela sin su consentimiento”.

Entre junio y septiembre de 2016, subraya la denuncia, se celebraron otras cinco bodas. La concejal de Medio Ambiente, María Martín Revuelta (PP), incoó un nuevo expediente para suspender esas actividades ilícitas “de forma inmediata”. A pesar de que la resolución fue notificada a los agentes municipales, durante 2017 continuaron celebrándose eventos “con gran afluencia de público” en la finca, lo que derivó en un nuevo expediente sancionador. La empresa fue multada con 60.001 euros, pero el alcalde devolvió el expediente a la instructora “con ánimo dilatorio”, siempre según el ministerio fiscal. También eliminó del orden del día el debate sobre su cese de actividades “hasta en tres ocasiones y sin justificación alguna”.

Jover Sanz rechaza las acusaciones y explica que el Gobierno local acordó “por unanimidad” sancionar con 60.001 euros a Pescaderías Coruñesas. Lo mismo sucedió, dice, con el cese de su actividad, lo que “deja en evidencia el juicio de intenciones que realiza la querella”. Y añade: “La Alcaldía desestimó por resolución, un acto unipersonal, la petición de suspensión cautelar de la orden de cese acordada”, por lo que exige “una rectificación de las informaciones publicadas por resultar absolutamente falsas”.