El Parlament tramita una moción de la CUP sobre el 9-N pese al aviso de los letrados

Los letrados del Parlament han advertido este martes a la Mesa del Parlament de las consecuencias de volver a elevar al Pleno una moción de la CUP para ratificar los principios de la declaración del inicio del proceso de independencia, que se aprobó en noviembre de 2015. Los servicios jurídicos han señalado, según fuentes de la oposición, que ese documento fue anulado por el Tribunal Constitucional y que, por tanto, contraviene su sentencia. Ciudadanos, PSC y PP presentarán propuestas de reconsideración para que el debate, previsto en principio para el 4 de julio, no se consume.

La Mesa, con mayoría independentista, ha tramitado el texto al que Junts per Catalunya y el Grupo Republicano presentarán enmiendas. La moción constata que la Cámara ratifica su voluntad de realizar los pasos necesarios para declarar la independencia y reitera, por tanto, el contenido de la resolución de 2015. Ese texto consideraba que el Constitucional no tenía legitimidad en Cataluña y por ello, la CUP quiere que el Govern tome medidas para aplicar ya las 10 leyes sociales suspendidas por el Alto Tribunal -como las de la pobreza energética o la de la sanidad universal- y a presentar un plan de 90 días para recuperar las anuladas.

“Queremos que se hagan efectivas esas leyes en defensa de las clases populares”, ha afirmado el diputado Vidal Aragonés, de la CUP, que ha defendido la soberanía del Parlament. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se ha mostrado abierto a abordar con el president Quim Torra el rescate de algunas de esas normas pero los anticapitalistas se muestran escépticos. "Hay cuestiones que no dependerán del Gobierno sino del estado. La soberanía no es negociable. Han hablado de recuperar algunas leyes y no todas. Y de las anuladas no sabemos si se van a negociar porque han sido anuladas por el Constitucional".

Gemma Geis, portavoz de Junts per Catalunya, ha negado que teman represalias contra la Mesa y ha abogado por "romper el marco mental de la represión". "Debemos hacer ese debate", ha insistido. Tenemos un mandato democrático y no debemos tener miedo a debatir". La republicana Anna Caula ha defendido la actuación de la Mesa al alegar que su función es cumplir una cuestión formal mientras que es el Pleno el que debe entrar en las cuestiones de fondo. "El Parlament puede debatir de todo", ha dicho señalando que presentarán enmiendas para "enriquecer" el texto. "Han pasado muchas cosas desde entonces. Hay que analizar donde estamos y qué pasos aún nos quedan por hacer. y hay que analizarlo".

El PSC ya ha presentado este mismo martes la petición de reconsideración al sostener que el primer punto de la moción es contraria a la Carta Magna y al Estatut como estableció la sentencia del Constitucional y pide por ello un informe a los servicios jurídicos. Alejandro Fernández, portavoz del grupo popular, ha defendido que los anticapitalistas pueden hablar de todo y defender su programa político en la Cámara pero no así presentar una moción porque en su opinión ya comporta un acto jurídico. "Que nadie diga que en este país no se pueden defender unas ideas porque además es lo que hacen constantemente, pero impulsar una moción es distinto: no se puede instar al Govern a incurrir en una ilegalidad", ha afirmado.

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, ha calificado la moción de "clarísimamente inconstitucional" y que, por tanto, debería ser inadmitida. "Vamos a dar a la Mesa una oportunidad para que recapacite. Es la misma historia. No vamos a excluir ninguna iniciativa: ni los tribunales ordinarios ni el constitucional". Los comunes tienen una visión diferente. Xavier Domènech sí que han matizado que el Parlament debe intentar mirar hacia adelante y no "revisitar" el pasado. "Pero nosotros siempre hemos sido partidarios de que se pueda debatir de todo", ha subrayado.