Muerte por desahucio

Dos ramos de flores secas y media docena de velas todavía rendían homenaje el pasado miércoles en Cornellà de Llobregat a Jordi, de 45 años. Debía 14 meses de alquiler. Se arrojó por la ventana de su domicilio el 14 de junio. La comitiva judicial que iba a desahuciarle aguardaba en la puerta de su vivienda mientras su cuerpo se estrellaba contra la barandilla que protege las zonas ajardinadas traseras del bloque número 7 de la calle Camèlies. Cayó desde el 10º 2ª. No es el primer caso, aunque el Instituto Nacional de Estadística no haga recuento de las personas que se han quitado la vida por perder su vivienda. Así que Jordi ha pasado a engrosar la legión estadísticamente anónima de quienes han sido desposeídos de vivienda y se han suicidado. Como José Miguel, en Granada; Inocencia, en Castellón; José Antonio, en Baracaldo; Juan, en L’Hospitalet o tantos otros. Es el lado salvaje de la crisis.

Esta vez el escenario fue Sant Ildefons. Los viejos del lugar la llaman todavía Ciudad Satélite o La Sati. Se acabó de construir mientras nacía La Banda Trapera del Río, que cantaban “soy curriqui del barrio/ soy amigo del obrero/ soy enemigo del sistema/ y le pienso pegar fuego”.

Hoy día el barro ya no llega hasta la rodilla —como recordaban los cronistas de La Trapera— pero estamos en un lodazal. El número de desahucios registrados en España el año pasado fue de 60.754: 22.330 ejecuciones hipotecarias y más de 35.666 correspondientes a viviendas arrendadas. La crisis ha disparado un 28% los alquileres en Barcelona desde 2014. En 2017, el precio medio de un alquiler en la capital catalana era de 872 euros, inalcanzable para ese 65% de jóvenes que en Barcelona ingresan menos de mil euros al mes.

La vivienda pública en la capital catalana ronda el 1,5%. Un porcentaje ridículo si se compara con Viena, donde el 60% de la población vive en casas protegidas gracias a la financiación pública y a los límites que impone el ayuntamiento. En Barcelona, un 39% de la oferta actual de vivienda en venta supera los 500.000 euros.

Los sucesivos gobiernos centrales no han desarrollado una política de vivienda pública ni por supuesto de alquiler social. Los últimos ejecutivos de Mariano Rajoy han hecho caso omiso de la Directiva 2014/17 del Parlamento Europeo y del Consejo, que instaba al Gobierno central a defender los derechos de los ciudadanos y a reformar la ley Hipotecaria que deriva de un decreto franquista de 1946. Eso sí, en 2013, el PP recortó los derechos de los inquilinos modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos y es el claro impulsor de la especulación con la creación de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), exentas del Impuesto de Sociedades y con bonificaciones fiscales del 95% en ITP y AJD. La política solo ha tomado la iniciativa para mantener los privilegios de bancos e inversores. Algunas sentencias, autos y hasta siete resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE han obligado al Gobierno y al Supremo españoles a dar marcha atrás en varias cláusulas abusivas que, por ejemplo, facultaban a los bancos a exigir el pago de toda la deuda pendiente cuando el ciudadano había dejado de pagar una sola cuota

Tras el veto hace unas semanas del PP y Ciudadanos a la Iniciativa Legislativa Popular propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que trataba de adaptar los derechos de la ciudadanía a los parámetros de la UE, el Congreso está tramitando el proyecto de ley sobre crédito inmobiliario, que pretende trasponer “a la española” la directiva europea de 2014. Sobre ese texto no hay esperanza, a menos que triunfen las enmiendas presentadas por la izquierda. Como si la dolorosa experiencia acumulada durante la crisis no hubiera servido para nada, el proyecto de ley sigue sin permitir la dación el pago, encarece los intereses de demora, no aclara qué pasa si el banco concede un préstamo ante un test de solvencia negativo y no se definen los estándares objetivos de información. En definitiva, todo en línea con esa voluntad política explícita que ha fijado en menos 500 millones de euros el Plan Estatal de Vivienda 2017-2020, cifra que no llega al 0,01% del PIB.

Ante esa perspectiva cobra todo el sentido que algunos ayuntamientos como el de Barcelona tomen la iniciativa. El gobierno de Ada Colau propuso el pasado 18 de junio obligar a las inmobiliarias a ceder al municipio un 30% de los pisos de nueva construcción u objeto de grandes rehabilitaciones para destinarlos a vivienda protegida. Cuando el Estado no cumple sus obligaciones constitucionales con los ciudadanos es bueno que los ayuntamientos presten oídos a las entidades sociales y a la UE con los medios que tienen a su alcance. Es hora de acabar con las prácticas abusivas de la banca y que los gobiernos central y catalán se pongan las pilas.