El juez investiga la cesión de datos a la Generalitat para crear el censo del referéndum

El juez de Barcelona que investiga el 1-O sospecha que el Gobierno catalán obtuvo de forma ilegal los datos con los que elaboró el censo del referéndum de independencia. La Policía ha detenido este martes al director del instituto de estadística catalán (Idescat) acusado de haber cedido bases de datos a la Generalitat y también al jefe de gabinete del Departamento de Economía, cuyo despacho fue registrado. Los agentes han entrado también en el Centro de Telecomunicaciones (CTTI) —un órgano clave en el referéndum de independencia— y en una empresa de Mediapro.

Los investigadores sostienen que el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) contribuyó al referéndum con la cesión, al Govern, de los ficheros del Registro de Población de Cataluña. Con esos datos, el Ejecutivo pudo elaborar el “censo global” de votantes que permitió celebrar la consulta. La Policía ha detenido al director del Idescat, Frederic Udina, por haber cedido los datos personales que gestiona ese organismo, sin amparo legal, al jefe del gabinete técnico de Vicepresidencia y Economía, Daniel Gimeno, que también ha sido arrestado. El juez investiga si ambos cometieron un delito de revelación de secretos. Los dos detenidos quedaron en libertad a última hora de la tarde. La Policía Nacional les atribuye los presuntosdelitos de descubrimiento, revelación de secretos y desobediencia.

La operación, ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, pretende aclarar uno de los puntos oscuros de la consulta: cómo obtuvo el Gobierno catalán los datos para elaborar el censo. Días antes del referéndum, más de 5,5 millones de ciudadanos pudieron consultar, a través de una página web, su colegio electoral. Esos datos estuvieron expuestos y, según alertó ya entonces Protección de Datos, la Generalitat no tenía permiso para usar las bases de datos estatales ni para acceder a los datos oficiales del censo, ya que el referéndum no estaba amparado por la ley electoral.

Pese a todo, el mismo día 1, Jordi Turull —entonces portavoz del Ejecutivo— informó de que podría votarse en cualquier colegio electoral gracias a un sistema que permitía acceder al “censo universal”. La Guardia Civil bloqueó, aunque solo parcialmente, la aplicación que daba acceso a ese censo.

Las pesquisas, encargadas al Cuerpo Nacional de Policía, han culminado este martes con las tres entradas y registros. Los agentes han accedido al despacho de Gimeno y han registrado su ordenador durante seis horas. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès (Esquerra Republicana) ha denunciado la “judicialización del derecho a la autodeterminación y el derecho a votar en Cataluña” y ha lamentado que la policía “altere” al trabajo de los funcionarios del departamento.

El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) es un órgano de la Generalitat que fue clave para dar apoyo tecnológico al referéndum. La Policía ha buscado nuevas pistas en sus dependencias, que ya han sido registradas en anteriores ocasiones por orden del mismo juez. En el caso de Mediapro, los registros se han limitado a una empresa del grupo, Mediacloud, que alquila sus servidores a la Administració Oberta de Catalunya (AOC) de la Generalitat. Según Mediapro, tras una hora y media de registro los agentes no han hallado “ninguna información relevante” y no se han llevado nada. Las diligencias, ha aclarado el TSJC, no están ligadas a la productora.