Un instituto de Terrassa impulsa una ILP sobre el etiquetado ético

Tras retomarse las clases después de las últimas vacaciones de Navidad, Marc Ballestar, profesor de Historia y Ciencias Sociales de la escuela Vedruna Vall de Terrassa preguntó a sus alumnos: ¿Qué es lo último que habéis comprado? ¿Qué información os da la etiqueta sobre el origen del producto? La cuestión generó una curiosidad en los estudiantes que acabó en una intensa búsqueda y culminó en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear una nueva normativa sobre el etiquetado de los productos que registraron en el Parlament hace unas semanas.

Desde inicio de año, unos 90 alumnos de 2º de ESO de este centro escolar trabajan en el proyecto del etiquetado ético de los productos. A raíz de la cuestión planteada por el profesor, los alumnos se dieron cuenta que era harto difícil conocer las condiciones en que un producto determinado ha sido elaborado: si hay mano de obra infantil, las condiciones laborales de la fábrica, etc. “Vieron que no es así, que las empresas son opacas”. Ante la falta de información, enviaron mensajes –en inglés– a las compañías. Algunas de ellas respondieron, causando sorpresa y satisfacción entre los estudiantes.

Paralelamente, la escuela contactó con la empresa Twenty Corner de Sabadell, que ha desarrollado un chip que utiliza la tecnología Near Field Communication (NFC) que recopila información de todo tipo sobre el producto, a la cual se accede simplemente con el móvil. Esto les permitió a los alumnos darse cuenta de que lo que ellos buscaban era tecnológicamente posible. “Después de dos meses de frustraciones, de ver que no conseguían información, la cosa cambió cuando vieron que una tecnología podía hacer que las empresas fueran transparentes”, apunta Ballestar.

Y así elaboraron una lista de elementos que los estudiantes consideraron que las etiquetas de los productos deberían recoger: el uso de mano de obra infantil, horario laboral adecuado, brecha salarial, respeto al medio ambiente… y así hasta 10 ítems. El proyecto de los alumnos siguió con la elaboración de un formulario con esta decena de preguntas que las empresas deberían responder y, en base a sus respuestas, se les otorgaría un color –rojo, naranja o verde-, que reflejaría el grado de ética en el proceso de fabricación.

“¿Y ahora, qué hacemos? ¿Y si forzamos a las empresas a incluir esta información en sus etiquetas? ¿Y si hacemos una ley?”. El profesor recuerda los pasos mentales que hicieron los alumnos hasta decidir presentar la ILP. Y la redactaron y el pasado 26 de abril la registraron en el Parlament. “El nivel de euforia fue creciendo porque vieron que lo que hacían salía del aula y que era posible cambiar la ley. Y cuando fuimos al Parlament, se deshacían”, recuerda el profesor.

Días después, y tras comprobar que no había ningún defecto de forma, la Cámara catalana aceptó a trámite la ILP. Pero ahora viene una dura tarea, admite el docente: “recoger 50.000 en seis meses y comprobarlas una a una. Es casi imposible”. No obstante, la idea del centro es impulsar una plataforma y, con la ayuda de las 35 escuelas Vedruna de Cataluña y entidades relacionadas con la economía social, empezar la recogida de firmas en septiembre.

A falta de ver la conclusión de la aventura, el profesor se muestra satisfecho. “Para mí el trabajo que hemos hecho hasta aquí ya es un éxito”, subraya. “Está muy bien estudiar Roma, pero otra cosa es ver que lo que aprendes sale del aula y repercute en tu vida. Esto es revolucionario”, remacha.