Las víctimas de violencia machista de Madrid podrán optar a una vivienda pública sin denuncia previa

El pleno de la Asamblea de Madrid ha dado luz verde a la modificación de la Ley 5/2005 Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que permitirá a las mujeres maltratadas optar a una vivienda de protección pública sin necesidad de que presenten una denuncia previa contra su agresor en el juzgado, como se exigía hasta ahora. Tampoco será necesario que cuenten con una orden de protección o una sentencia condenatoria. La propuesta ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos políticos, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

El Gobierno regional ya había presentado el 7 de junio de 2017 un proyecto de ley para modificar la norma y hacer más flexible el acceso a esas viviendas, pero incluían que era necesario contar con un informe previo de los servicios sociales para conseguir el título habilitante. Podemos interpuso una enmienda a la totalidad de dicho texto que salió adelante. Hay que tener en cuenta que solo un tercio de las mujeres asesinadas interponen denuncia.

Las víctimas seguirán necesitando un título habilitante, que acredite su condición y que dé lugar al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley. Pero, a diferencia del texto presentado por el PP, se amplían las opciones para obtenerlo más allá de los servicios sociales, y se abre la posibilidad de que los informes partan del personal sanitario, educativo, de salud pública, entre otros. La Dirección General de la Mujer tendrá un plazo de un mes para valorar si estos documentos son suficientes.

La diputada de Podemos, Clara Serra, ha destacado en su intervención que las legislaciones han cargado en las mujeres la responsabilidad con la obligación de interponer una denuncia, cuando en muchas ocasiones no se encontraban preparadas para ello. Ha recordado también que muchas mujeres que han denunciado se han encontrado con "una justicia que no está a su altura", como ha ocurrido con la sentencia de la Manada. La diputada de Ciudadanos, Esther Ruiz, ha alabado que se amplíen los supuestos en los que se puede conseguir el título habilitante en el caso de no acudir al juzgado.

"Se consideraba una circunstancia excepcional y ahora lo que se ha conseguido es que no sea así", ha explicado la diputada socialista Carmen Martínez Ten, que ha reprochado al Ejecutivo regional en su intervención que el año pasado solo se concedieran 31 viviendas de este tipo, algo que considera insuficiente.

La diputada del PP Nadia Álvarez Padilla ha recordado el compromiso de su partido contra la violencia de género, como demuestra la estrategia integral que presentó a los cinco meses de llegar al gobierno o el proyecto de ley que contemplaba que se pudiera acceder de forma prioritaria a las ayudas, pero con un informe de los servicios técnicos especializados. El PP lo consideraba como algo excepcional, porque no se debe cortar la interposición de denuncias "fundamental para garantizar todas las protecciones a las víctimas". Al mismo tiempo, ha indicado que "no es verdad" que no se atendiera a las víctimas si no denunciaban.