Barcelona reduce las plazas de parking para discapacitados

La tendencia ha sido esta desde que el Servicio de Movilidad de Barcelona comparte en internet sus estadísticas: en 2004, la ciudad tenía 1.946 plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR); en 2015, el total llegaba a 5.579. Cada año ha crecido esta partida —un 27% durante el anterior mandato—, pero la tendencia se ha invertido. Los espacios para discapacitados se han reducido por primera vez, hasta los 5.234 aparcamientos en 2017. Esto es un 6% menos que en 2015, el año que cambió el gobierno. El Ayuntamiento justifica la caída por “un proceso de revisión de las licencias a partir de 2015”. El consistorio también apunta que las alteraciones urbanísticas, como la ampliación del carril bici, tienen un efecto en el número de plazas, aunque solo a corto plazo porque estas deben reubicarse por imperativo legal.

La capital catalana ha rebajado progresivamente en los últimos 15 años las plazas de estacionamiento en calzada: si en 2006 había 193.111 plazas en calzada, en 2016 el total era de 114.105, un 40% menos. Las únicas estadísticas al alza eran las de área verde para residentes y, sobre todo, la de aparcamientos reservados para PMR o con discapacidad física. La ley catalana de accesibilidad, de 2014, obliga a los ayuntamientos, previa presentación de la documentación necesaria, la reserva de estas plazas. El espacio reservado puede ser cerca del domicilio o del lugar de trabajo. Una cuestión fundamental, admiten instituciones sociales y entidades municipales, es controlar el posible uso fraudulento de los espacios reservados y de las tarjetas de discapacitado.

El Ayuntamiento confirma que la reducción de plazas para PMR se debe a una revisión del listado de beneficiarios: “Se comprobó que había casos en los que el titular ya no hacía uso de la plaza por causas diversas, por cambio de domicilio, cambios de trabajo, defunción o casos de fraude”. También ha tenido un efecto a la baja la introducción de nuevos planes urbanísticos, dice el Ayuntamiento. Una representante de Ecom —la federación de entidades de personas con discapacidad física—, destaca que la ampliación de los carriles bicis ha provocado una reubicación de plazas (por ley no pueden perderse), y se está estudiando cómo hacerlo caso por caso. Esto también habría hecho, confirma el Ayuntamiento, que el número de plazas caiga momentáneamente.

Las tarjetas para personas con discapacidad se dividen entre aquellas en las que el beneficiario es, además, conductor, y aquellas en las que no lo es. Para esta segunda opción, la persona que no conduce ha de tener una discapacidad de grado igual o superior al 65%. El conductor debe ser un allegado, normalmente un familiar. La Síndica de Greuges —la defensora del pueblo— de Barcelona indica que la falsificación de tarjetas de discapacidad “continúa siendo un tema de queja recurrente”. Desde 2014, las autoridades municipales llevan a cabo la renovación de las tarjetas antiguas por unas con un sistema de verificación con holograma. Ecom apunta que el fraude detectado en plazas reservadas a un beneficiario, las que se identifican con la señal de la matrícula en la acera, son excepcionales. Sin embargo, la Síndica añade que “son significativos los casos individuales que han sido objeto de supervisión en este sentido, muchos de ellos vinculados a señales de restricción de estacionamiento por tratarse presuntamente de plazas con reserva de estacionamiento que ya no eran vigentes y en relación con las cuales, pese a las alegaciones presentadas por los interesados, no se había efectuado la suficiente tarea de verificación”.

Las asociaciones de vecinos consultadas para este reportaje descartan que esta cuestión sea motivo especial de preocupación. Montse Roma es la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Izquierda del Eixample y también es titular de una tarjeta de discapacidad. Tiene una plaza reservada frente a su domicilio mientras que en la sede de la asociación, el Ayuntamiento instaló una plaza de PMR. Roma no ha percibido la reducción de espacios reservados, al contrario: “Se ha mejorado muchísimo, se está concediendo a muchísimas más personas una plaza reservada. En mi calle, por ejemplo, últimamente se han instalado cuatro plazas nuevas”. Roma admite que puede producirse un uso irregular de estas ventajas: “Personalmente, sé de un caso de una señora que falleció hace cinco años y sus nietos continúan utilizando su tarjeta de no conductor con discapacidad”.

Las plazas de estacionamiento de PMR asignadas a un vehículo concreto deben renovarse anualmente. Las tarjetas de movilidad para personas con discapacidad pueden tener una validez de diez años y dan derecho a estacionar “en cualquier lugar de la vía pública” siempre que no se impida la circulación.