Los expresidentes de la Generalitat cuestan más de un millón de euros desde 2003
Podem, que propone cambiar la ley, denuncia que solo Camps ha absorbido 700.000 euros del gasto
El grupo Podem en las Cortes Valencianas denuncia que los "privilegios" que el estatuto de los expresidentes de la Generalitat otorga a los exmandatarios autonómicos han costado a las arcas públicas valencianas más de un millón de euros desde 2003 y del total, 700.000 han sido ocasionados por Francisco Camps.
Así consta en una respuesta parlamentaria remitida a Podem, en la que la Consejería de Hacienda expone que el coste total de estas prerrogativas desde junio de 2003 a febrero de 2018 asciende a 1.020.916 euros, referidas a los gastos ocasionados por Francisco Camps, Alberto Fabra y José Luis Olivas, tres de los cinco expresidentes que ha tenido la Generalitat.
El coste total de la oficina que mantiene Camps ha supuesto desde 2011 un desembolso para las arcas de la Generalitat de 724.986 euros en concepto de retribuciones anuales de su secretaria (la misma que en su etapa al frente del Consell) y de un asesor.
El expresidente solicitó tras su dimisión del cargo en junio de 2011 por el escándalo de los trajes, su ingreso en el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Comunidad Valenciana, opción que le ofrecía el estatuto de los expresidentes del Consell y que hasta entonces no había utilizado ninguno de sus antecesores. A día de hoy, Camps continua siendo miembro del CJC.
Del expresidente, también del PP, Alberto Fabra, la cuenta de gastos desde 2015 -en que dejó de ser la primera autoridad valenciana- es de 244.000 euros por el mantenimiento de su oficina, que incluye las retribuciones de una asesora y un chófer.
En cuanto a José Luis Olivas, en el periodo en que se acogió a esta prerrogativa (2003-2004) originó un coste a la Generalitat de 51.634 euros, por las retribuciones de una asesora y un conductor.
La respuesta detalla que la Generalitat no se hace cargo de ningún gasto de alquiler o mantenimiento de oficinas y que, como en los presupuestos autonómicos no existe ninguna partida para las oficinas de los expresidentes, los gastos de desplazamiento (combustible, peajes y alojamiento) solo se pueden identificar por la matrícula de los vehículos y las facturas correspondientes.
Según la Generalitat, los gastos por este concepto ascienden en el caso de Francisco Camps a 40.178 euros,y a 7.985 por lo que respecta a Alberto Fabra, según la formación morada.
El Consell informa de que, según la certificación del Consell Jurídic Consultiu, el coste anual bruto que abonó este órgano por los conceptos de retribución y Seguridad Social de Camps ascendieron a 90.276 euros.
Menos prerrogativas
Podem presentó el pasado enero en las Cortes Valencianas una nueva propuesta para reformar la ley de expresidentes con el fin de eliminar el derecho a tener oficina y personal, e introducir la obligación de informar del uso que los exjefes del Consell dan cada año a los recursos en una memoria de actividades y económica.
La formación morada reclama que los expresidentes no sean miembros natos del CJC, sino que puedan acceder al Comité Econòmic i Social (CES), sin sueldo y con un límite de cinco años. También quieren que el pleno de las Cortes pueda revocar total o parcialmente los derechos y recursos otorgados a los expresidentes de la Generalitat.
La portavoz adjunta de Podem, Fabiola Meco, ha lamentado que al inicio de la legislatura PP y PSOE rechazaran en el Parlamento autonómico eliminar la opción para los expresidentes de ser miembros natos del CJC, y ha defendido la necesidad de que los exmandatarios del Consell "tengan menos privilegios y haya mayor transparencia con lo que se hace con los recursos públicos".
Meco ha lamentado que los mayores gastos los origina el mantenimiento de las oficinas, de las que "no se sabe cuál es su actividad, qué intereses se atienden, a qué se dedican o en pro de quién trabajan".
En junio de 2016, el Parlamento acotó las prerrogativas de los expresidentes, que deberán informar una vez al año sobre las actividades propias de su cargo y podrán ser revocados en sus funciones, incluida su pertenencia al Consell Jurídic Consultiu, tras una condena en firme. En la práctica, los cambios legislativos aprobados no afectaban a ninguno de los cinco expresidentes de la Generalitat, a no ser que cambiase su situación personal.
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