Las Cortes acotan las prerrogativas de los expresidentes de la Generalitat

Los expresidentes de la Generalitat deberán informar una vez al año sobre las actividades propias de su cargo y podrán ser revocados en sus funciones, incluida su pertenencia al Consell Jurídic Consultiu, tras una condena en firme. La comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat ha aprobado varias modificaciones de la Ley del Estatuto de los Expresidentes que ahora tendrán que ser ratificadas en pleno.

El papel de miembros "natos" del Consell Jurídic Consultiu que la ley atribuye a los expresidentes ha sido el principal punto de desencuentro en el debate, puesto que Compromís, Ciudadanos y Podemos, que pretendían suprimir esta prerrogativa, se han encontrado con el voto en contra del PP y el PSPV.

En la práctica, los cambios legislativos aprobados hoy no afectan a ninguno de los cinco expresidentes de la Generalitat, a no ser que cambie su situación personal, momento en el que ya se les aplicaría el nuevo estado, según han explicado fuentes parlamentarias.

Entre las modificaciones aprobadas se introduce la necesidad de que, al menos, uno de los dos empleados al cargo del expresidente sea funcionario y se reduce el uso de un automóvil del parque de la Generalitat solo a su actividad como expresidente.

El uso de estos medios (local, personal y automóvil) será incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo, y todos los expresidentes deberán dar cuenta de su actividad una vez al año mediante un informe.

En caso de condena en firme, un tercio de los diputados de las Cortes podrán proponer la revocación del cargo de expresidente, incluido su puesto de trabajo en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) como miembro nato.

La posición del PP en el debate ha sido defendida por José Juan Zaplana, quien ha agradecido a los grupos el hecho de que se hayan abstraído de los nombres a la hora de plantear estos cambios, ya que "legislamos para cinco personas", ha advertido.

"Si el expresidente es funcionario no tendrá problema porque volverá a su actividad, pero si va a una empresa privada le llamaremos puerta giratoria. Entendemos que la pertenencia al Consell Jurídic Consultiu es importante en sí misma, por la experiencia que da el cargo", ha afirmado.

Manolo Mata (PSPV) ha coincidido al señalar que "la política favorece a funcionarios, ricos y ladrones. Los primeros volverán a su puesto y para los ricos es muy divertido. Es cierto que hemos tenido mala suerte, pero no es momento de hablar de ello, hemos de considerar que los expresidents son honorables mientras no se demuestre lo contrario".

"Hay que permitir que tengan labores más allá de su presidencia, aprovechar sus relaciones sociales. El Consell Jurídic es útil y necesario, porque si no lo tuviésemos deberíamos acudir al Consejo de Estado. Además, los expresidents están con voz pero sin voto", ha añadido.

"Lerma nunca ha usado nada a lo que tendría derecho, Zaplana tampoco, Olivas ya tiene bastante con sus procesos judiciales", ha detallado Mata, quien ha explicado que el presidente Puig tiene buena relación con Eduardo Zaplana, al que telefonea al menos una vez a la semana.

Para Mireia Mollà "es una lástima" que los grupos mayoritarios no hayan considerado la posibilidad de eliminar a los expresidentes como miembros natos del CJC, un órgano del que "no se puede prescindir", pero "en el que no tiene cabida un expresident".

"Camps no ha podido hacer más para empeorar la imagen del CJC. Que se le reserve ese espacio no hace más que ahondar en el descrédito que tienen determinados órganos estatutarios".

El portavoz de Ciudadanos Toni Subiela ha defendido la necesidad de que los expresidentes solo deberían disponer de oficina y coche "cuando ejerzan la labor propia de su cargo", y ha coincidido con Compromís y Podemos en que no deberían ser miembros natos del CJC, órgano que considera que debería ser suprimido.

Fabiola Meco (Podemos) ha criticado que los expresidentes dispongan de medios estables y permanentes, así como su pertenencia al CJC, aunque ha defendido la relevancia de este órgano y su necesidad en el marco del autogobierno.

"Quizá deberíamos plantearnos un salario de transición, de no más de seis meses. No podemos consolidar las puertas giratorias", ha concluido.