Una república sin ley

Una de las incógnitas más accidentadas de una hipotética república independiente de Cataluña es cuál de los tres poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— iría peor. Por desgracia, no es una ironía suponer que lo que mejor funcionaría sería un ejército propio, dada la necesidad de proteger las fronteras del acoso español, una necesidad apuntada desde sus orígenes por los sectores paramilitares del independentismo que el actual presidente de la Generalitat aglutina con sus encomios a los “escamots” de octubre de 1934.

La reivindicación de un espíritu castrense catalán fue propugnada por los Quaderns de l'exili y específicamente por Raimon Galí, uno de los mentores de Jordi Pujol. Pujol nunca ha negado su admiración por las virtudes castrenses aunque se fue alejando de las tesis radicales de Galí. La alternativa a un ejército de la república catalana fuera de la OTAN y de la política de seguridad europea sería convertirse en protectorado bajo el paraguas defensivo de Rusia o China. Después de haber achacado al Estado los comportamientos de Corea del Norte o de Turquía, no parece que la ciudadanía de Cataluña saliera ganando.

A la vista de la fugacidad con la que transcurrió la más reciente declaración de independencia por parte del parlamento de Catalunya, es deducible que los trabajos del poder legislativo de la república catalana no serían fluidos. Y no tan solo porque el bloque independentista —de cada vez más resquebrajado— no tiene suficiente representatividad sino porque el precedente jurídico ha sido desastroso e indigno de una comunidad autónoma per se. Dados los trabajos ímprobos de la ley de transitoriedad, es legítimo preguntarse en qué términos accederían al debate constituyente los partidos constitucionalistas. Con estos precedentes, quien sabe cómo estará concibiendo el independentismo la naturaleza jurídica del nuevo Estado imposible.

Hasta ahora, la incapacidad de previsión y los abusos improvisados han sido de tal magnitud que incluso han desorientado al ejecutivo de la Moncloa porque nadie podía imaginarse que en el siglo XXI la Generalitat pudiese ser presidida por personajes como Carles Puigdemont o Quim Torra. En manos de la clase política del independentismo, la construcción jurídica de un Estado tendría algo de vídeojuego con rehenes, ilegalidad estratosférica y frustración inevitable.

Aunque siempre es erróneo comparar un Estado de verdad —más o menos sólido— con un Estado-ficción, el caso de Italia —esa Disneylandia de la inestabilidad política, pero república con ley— puede ser aleccionador para el independentismo de la comunidad autónoma catalana. Dos partidos incluso más dispares que el expujolismo, ERC y el tándem Puigdemont-Torra, han logrado perfilar un primer ministro que, aún siendo desconocido, no es una bomba de relojería. La Liga y Cinco Estrellas han propuesto al profesor Giuseppe Conte y eso les da cierta credibilidad. Por el contrario, la figura de Torra ha restado al secesionismo catalán la poca credibilidad que le quedaba en algunos titulares de prensa y solo tiene la complicidad de partidos excluyentes, opuestos al consenso europeo y sin una idea del bien común. Definitivamente, “manca finezza”.

Si es que con la perspectiva de octubre ya hemos entrado en campaña electoral con una simultaneidad de movilizaciones radicales y la consiguiente inconexión del tejido social, es adecuado tener presente que una sociedad libre requiere de abundantes centros de poder independientes del poder político para contrarrestarlo. Por el contrario, en Cataluña resulta que el poder político rupturista se basa en organizaciones como Òmnium o la ANC para escenificar en la calle lo que no logra alcanzar en las urnas. Eso da como resultado todo tipo de inseguridades. Por supuesto la jurídica pero también la que se deriva de tensiones ultra-conflictivas que alteran el pluralismo y tienen efectos coactivos en las personas.

En la penumbra de las confidencias off the record, el secesionismo que ha ido apartándose del procés expresa sus lamentos pero no formula remedios. Es una posición que sigue alejada de la lealtad a la ley y a los consensos mínimos. Habrá que deslindar hasta qué extremos la fase protagonizada por Torra es sustancialmente iliberal. Es decir, el horizonte de una república sin leyes, más próxima al golpismo soft que lanza la piedra y esconde la mano. Estaríamos en las antípodas del liberalismo jurídico. Así se alimentan la desconfianza, el poder sin límite y la sinrazón. Pregunten en la Generalitat de Torra por Montesquieu y les dirán que ni está ni se le espera.