Desarticulada una red que prostituía a menores a las que obligaba a delinquir

Agentes de la Policía Nacional, junto con la Policía Municipal de Madrid, han llevado a cabo la operación, que se ha saldado con la detención de 41 ciudadanos búlgaros acusados de un delito de trata de seres humanos. Han sido liberadas 14 víctimas en España, 12 de ellas menores de edad, así como otras 4 menores en distintos países europeos. Al frente del grupo estaba un matrimonio búlgaro que residía en pisos okupas y que llevaba una vida muy poco ostentosa, pese a los altos ingresos que conseguía con la actividad delictiva.

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La investigación se inició en el mes de abril del 2017 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo criminal integrado por ciudadanos de países del este que se dedicaba a cometer robos en comercios y vender la mercancía sustraída en diferentes países europeos. Dos testigos protegidos denunciaron lo que les estaba ocurriendo. Una de ellas acudió a la Policía Municipal.

Los investigadores detectaron que la organización ocupaba inmuebles pertenecientes a entidades bancarias que estaban ubicados en la capital madrileña, en Valdemoro y en Parla. Desde allí dirigían el entramado criminal. Las víctimas, mujeres jóvenes y niñas, residían hacinadas en estas viviendas, pese a lo cual les cobraban entre cinco y diez euros al día por el alojamiento. Las mujeres eran traídas desde Bulgaria con falsas promesas y una vez en España eran preparadas para obedecer las instrucciones delictivas que ordenaba el cabecilla. Pagaban en función de la pericia que tuvieran robando.

En algunas ocasiones estos menores eran traídos desde Bulgaria con autorizaciones realizadas por sus propios padres. La organización compraba las niñas a sus propios familiares a cambio de una cantidad económica acordada, efectuando el pago en dos abonos, uno en el país de origen y otro una vez en España y en función de la pericia delictiva que mostraran las menores.

La red se encontraba perfectamente organizada y contaba con un estricto reparto de tareas. Estaba compuesta por unos “especialistas” encargados de localizar y ocupar pisos deshabitados, desde donde se centralizaban las operaciones. Otros miembros de la organización actuaban como “pasadores”, con la misión de seleccionar y acompañar hasta España a las víctimas. Algunos detenidos hacían de “controladores”, encargándose del cobro y de la gestión de las viviendas.

Otras integrantes del grupo criminal actuaban como "adiestradoras", dedicadas a la formación de las nuevas víctimas, mayoritariamente menores de edad con poca experiencia delictiva. El último peldaño estaba integrado aquellos que se encargaban de vender los productos robados por las víctimas.

Las pesquisas han podido determinar que varias de las menores de edad, una de ellas de apenas 13 años, fueron obligadas a casarse con miembros de la organización o a ejercer la prostitución como parte del pago a los familiares de las mismas. Cobraban por las mujeres entre 20.000 y 30.000 euros.

El matrimonio formado por Metodi B. y Roza T., ambos de unos 35 años, era el encargado de dirigir la organización. Se habían creado una falsa imagen económica, en la que carecían de recursos. Con ello conseguían ayudas sociales e incluso estaban a punto de que les concedieran un piso de realojo. El hombre trabajaba de manera sin permiso precintando maletas en el aeropuerto de Barajas para justificar unos ingresos mínimos e irregulares. Los policías creen que aprovechaba ese puesto para fijarse en los turistas y poder sustraerles algunos objetos de valor.

En los registros practicados se localizaron distintas autorizaciones de viaje firmadas por los padres de las víctimas para que viajaran desde Bulgaria a España. Se hallaron multitud de aparatos electrónicos, principalmente de telefonía, así como objetos de valor y joyas de oro procedentes de las acciones delictivas. También se intervino una gran cantidad de dinero además de 28 documentos de identidad de distintas personas de diferentes nacionalidades. Gracias a la desarticulación del grupo criminal se han podido esclarecer más de 150 delitos relacionados con la actividad de dicha organización.

El supuesto cabecilla iba a salir en viaje a su país el día que fue detenido. Llevaba gran cantidad de tarjetas de crédito y documentación sustraída (pasaportes y carnés de identidad) que iba a vender en su país de origen. El matrimonio tenía antecedentes por hechos similares como hurtos, usurpación de bien inmueble y falsedad documental, entre otros. Residían en un piso okupado de Carabanchel.

La investigación la han realizado de manera conjunta el Grupo VI de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid y la Policía Municipal de la capital.