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OPINIÓN

¿Qué Gobierno?

El independentismo adquiere aires de revuelta popular, los mossos han perdido autoridad, los policías y guardias civiles no quieren venir a Cataluña… ¿La calle es suya?

El Parlament de Catalunya, el día aprovó la declaración de independencia.
El Parlament de Catalunya, el día aprovó la declaración de independencia.

La situación política en Cataluña está en el límite. La tensión en la sociedad catalana es extrema, el bloqueo político sigue y no se atisban salidas claras. Quizás estamos en el peor momento. Nadie parece poner en duda que desde el Gobierno de la Generalitat se intentó un golpe de Estado. Cuando un poder público intenta sustituir el orden constitucional democrático por medios ilegales, como sucedió en septiembre y octubre, estamos ante un golpe de Estado. No hacen falta asonadas militares ni tanques en las calles, todo es más sutil, postmoderno y tecnológico. Lo que se va descubriendo, lo que se detalla en los autos judiciales sobre los presuntos responsables del golpe, es que había una trama bien preparada con mucha antelación.

Se pretendía poner al Estado contra las cuerdas para obtener mediante la fuerza una nueva posición constitucional de Cataluña en España. No creo que a nadie medianamente enterado de cómo funciona el mundo de hoy le cupiera en la cabeza que la independencia, la creación de un Estado soberano catalán, fuera posible. Era evidente desde el principio que Cataluña dejaría de formar parte de la UE y no sería reconocida por el resto de Estados de la comunidad internacional, con letales repercusiones económicas y sociales.

Así pues, no se pretendía en serio la independencia sino doblegar la voluntad del Estado por métodos ilegales para cambiar el modelo constitucional. Para ello, desde una posición de fuerza, se tenía que llegar a una negociación con el objetivo de establecer un régimen especial para Cataluña sustancialmente distinto al de las demás comunidades autónomas. En el lenguaje nacionalista a esto se le denomina una nueva relación con España: pactar de nación a nación y establecer un sistema confederal de soberanía compartida.

Al final, tras angustiosas semanas, el orden democrático se impuso mediante la aplicación del art. 155 de la Constitución. Aparentemente, allí se acabó el procés. Pero, ¿ha sido así o bien se trata de un simple paréntesis para reanudar las actividades golpistas tras formarse un Gobierno? En ese caso, quizás estaríamos en peor situación que a primeros de septiembre pasado porque muchas cosas se han agravado por varias razones.

En primer lugar, como los máximos dirigentes presuntamente golpistas están procesados, en la cárcel o fugados al extranjero, se ha levantado una ola de sentimentalismo que acrecienta el apoyo al bloque nacionalista. El principal lema del programa electoral independentista en los comicios del 21 de diciembre fue el de “libertad para los presos políticos”, aunque esta condición sea una evidente falsedad. Hay políticos presos, no presos políticos. Otegui fue un político preso, no un preso político.

En segundo lugar, de la agresividad en las redes sociales se ha pasado a la agresividad en la calle: cualquier día, a cualquier hora, puede producirse algún altercado violento con riesgo de que llegue a ser trágico. Son cada vez más habituales los ataques a los políticos y a las sedes de los partidos, las pintadas ofensivas, los escraches, las amenazas a los jueces, los moralmente intimidatorios lazos amarillos, los cortes de carreteras. El independentismo adquiere aires de revuelta popular, los mossos han perdido autoridad, los policías y guardias civiles no quieren venir a Cataluña… ¿La calle es suya?

En tercer lugar, las medidas en aplicación del art. 155 CE no han resultado eficaces. Se interpretó este precepto de una manera extrema al cesar al presidente de la Generalitat, disolver el Parlament y convocar elecciones. Todo ello, sin duda, con justificación constitucional: atentar gravemente contra el interés general de España, tal como prevé el citado precepto de la Constitución. Ahora bien, su rendimiento posterior ha sido muy pobre: la Generalitat intervenida casi se ha limitado a resolver asuntos de trámite.

La única nota optimista a esta situación es una notable reacción de los sectores sociales constitucionalistas. La multitudinaria manifestación del 8 de octubre fue un gran éxito. Esta inyección de moral ha tenido continuidad en los meses siguientes y actualmente afloran en público posiciones de aquellos que hasta ahora permanecían callados. El miedo, a veces, resulta estimulante. ¿Qué se forme un Gobierno es la mejor salida? Depende. Si es un Gobierno con voluntad de detener el procés y volver a la normalidad autonómica, sin duda. Si es para continuarlo, saltarse de nuevo las leyes y ocupar la calle, mejor seguir con el 155 hasta restablecer definitivamente el orden democrático.