Historia de una irresponsabilidad

Cataluña celebró Sant Jordi sin presidente de la Generalitat y Madrid se dispone a celebrar la fiesta de la Comunidad sin presidenta. Algo va mal cuando dos comunidades tan relevantes están descabezadas: Madrid por la capacidad autodestructiva de una corrupción estructural que ha dinamitado al PP, Cataluña por la incapacidad de unos y otros de resolver políticamente el desafío más subversivo que ha vivido la democracia española. En consecuencia, durante una larga temporada la actualidad y la agenda política la determinarán los tribunales de justicia.

Los juicios por la corrupción estructural del PP están entrando en sus fases decisivas: un goteo permanente que sólo puede seguir desangrando a un partido bajo mínimos que ha exhibido toda su cutrez en la gestión y patético desenlace del caso Cifuentes. El PP, enganchado a la cultura de su presidente (nunca pasa nada y el tiempo lo cura todo) ha querido creer que su corrupción estaba amortizada. El caso Cifuentes no es sólo lo que parece. Ciertamente, la expresidenta paga las mentiras del master, la impunidad de creerse con derecho al trato de favor y al privilegio. Pero esta crisis, con golpes miserables como el video de las cremas de belleza, es la explosión definitiva del volcán de la corrupción del PP. La chimenea por la que ha acabado saliendo la sórdida lucha de intereses en el partido y su entorno.

La otra fuente de actualidad judicial está en los procedimientos en curso contra los responsables del proceso catalán. El cuestionamiento más radical que ha tenido hasta ahora el sistema surgido de la Constitución del 78, ha terminado en los tribunales, después que el independentismo catalán se estrellara al intentar llegar mucho más allá de lo que sus fuerzas permitían. Y otra vez la incapacidad de afrontar políticamente un conflicto de envergadura ha llevado a una situación de impasse, con un bloqueo político al que me temo que el país se está acostumbrando peligrosamente, y con un carrusel judicial en curso, que cada día genera más dudas, y que hace muy difícil una salida razonable y negociada del conflicto.

En una democracia sana gobierna la política, no los tribunales. El protagonismo político de la justicia debe ser excepcional. Y si no es así es que algo falla. Fallan evidentemente los responsables políticos incapaces de controlar a su gente, falla la opinión pública acomodada y poco exigente con la corrupción fruto de unos tiempos en que parece que en nombre del dinero esta permitido, falla los partidos muy anquilosados que se resisten a reformarse, falla la capacidad de los partidos de generar propuestas políticas ambiciosas que realmente abran horizontes a la ciudadanía, falla la anticipación de los problemas, falla la cultura del conflicto propia de la democracia en que las cosas se resuelven hablando, y fallan unos dirigentes sin autoridad ni capacidad para encauzar una situación excepcional como la que vive España, que requiere buscar soluciones pactadas y no especular irresponsablemente en defensa de beneficios partidistas espurios.

Es ya una evidencia: la corrupción se ha llevado por delante al PP y el conflicto catalán a Mariano Rajoy. Es la historia de una irresponsabilidad en dos secuencias. La primera, su decisión de no dimitir cuando el caso Bárcenas. Un gesto que banalizó definitivamente la corrupción en España. La máxima autoridad del PP no podía desentenderse de los desmanes ocurridos en su gerencia. Fue una terrible señal de tolerancia que ha acabado consumiendo al partido. La segunda, su dejación de responsabilidades en el conflicto con el independentismo catalán, subrogándolas por todas partes, cargando innecesariamente a la justicia que ahora lo está pagando y renunciando a afrontar políticamente un problema político.

El 15-M y el independentismo no eran espejismos, eran síntomas de una crisis general de gobernanza, cada vez menos larvada. Se respondió a ellos de modo reactivo (con una alianza corporativa con un PSOE sin proyecto), negando cualquier horizonte reformista y propositivo. Y ahora vemos las consecuencias: una fractura profunda con Cataluña y una sensación de desmantelamiento político, con un PP sin otro horizonte que alargar su agonía. La democracia española está en un momento crítico, sin una alternativa ilusionante para liderar el cambio y en un escenario en que la confianza más elemental brilla por su ausencia. Por lo menos que quede una lección: la estrategia de Rajoy de dilatar las decisiones y subrogar responsabilidades sólo conduce al fango.