Cuixart pide el traslado a una cárcel catalana para proteger los derechos de su hijo

Concluida la instrucción en el Tribunal Supremo, los líderes del procés que siguen en prisión provisional creen que es un buen momento para pedir, de nuevo, el traslado a una cárcel catalana. El primero que ha dado el paso -se prevé que el resto lo haga en los próximos días- ha sido el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que lleva más de seis meses en la madrileña Soto del Real. Cuixart alega que con su traslado podría "ir asumiendo sus responsabilidades como padre" de un bebé que acaba de cumplir un año. Considera que mantenerle en la cárcel madrileña "vulnera de modo flagrante los derechos del menor".

Cuixart elevó el lunes la petición a la dirección de Soto del Real. Su defensa ha aportado dos dictámenes que avalan la necesidad de trasladarle de forma urgente a Cataluña; uno de ellos, elaborado por Iñaki Rivera, profesor y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. El dictamen recuerda que la normativa internacional y nacional debe velar, sobre todo, por "el interés superior del niño". Y concluye que mantener a Cuixart a 630 kilómetros de Barcelona "no respeta el derecho del menor a no ser discriminado por la situación de encarcelamiento de su padre".

Si Cuixart es trasladado a Cataluña, podrá "contribuir al sostenimiento de su núcleo familiar tanto afectivamente como a todos los niveles", sigue el dictamen. El profesor Rivera recuerda que la pareja de Cuixart, Txell Bonet, y el bebé "llevan realizados 35.000 kilómetros" en seis meses y que eso está generando "efectos de orden económico, psicológico y emocional" para el niño. La madre, incide el escrito, "tiene enormemente dificultadas sus posibilidades de desarrollo laboral por los constantes traslados a Madrid".

Sobre el bebé, la defensa ha aportado el informe elaborado por la directora de la guardería a la que acude. El dictamen subraya que el mantenimiento de Cuixart en una cárcel madrileña afecta también a sus derechos fundamentales y recuerda que toda la normativa internacional y nacional está orientada a mantener a los internos "en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar".