La ley de la muerte digna se halla estancada un año después de su aprobación

El Parlamento Regional aprobó por unanimidad, en marzo de 2017, la ley de muerte digna. Un año después, oposición y profesionales denuncian importantes carencias en su aplicación. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, reconoció esta semana en la Asamblea que están trabajando, pero que “la velocidad tendría que ser mayor”. Las quejas se centran en la exigua información que llega a los ciudadanos o en los insuficientes equipos médicos, sobre todo para atención domiciliaria.

Es una buena ley, porque “engloba todos los conceptos relacionados con ese megaconcepto que llamamos muerte digna”, afirma Antonio Sacristán, oncólogo y responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos (atención domiciliaria) del sector Este de la región. Otra cuestión es su desarrollo. El diputado del PSOE José Manuel Freire reprochó al consejero de Sanidad, en el pleno de la Asamblea que se celebró este jueves pasado, lo “lamentable” que era constatar que “su Gobierno se ha olvidado de esta ley”. Lo que sigue es una relación de los principales problemas a los que se enfrenta la norma.

Falta de información. La nueva ley pretendía aumentar el número de personas inscritas en el Registro de Instrucciones Previas, que recoge los datos de quien manifiesta qué cuidados de salud desea recibir en el caso de no poder expresarlos personalmente, o qué destino desea que se les dé a su cuerpo o a sus órganos. Sin embargo, el año pasado solo hubo 2.172 nuevas inscripciones (10% de aumento con respecto a 2016). En la región hay un total de 24.264 personas apuntadas. “Si se hubiera realizado una campaña informativa, la cifra debería ser mayor”, expuso Freire. El consejero aseguró que se están dando más facilidades. Antes, la inscripción solo se podía realizar personalmente en la calle Sagasta y ahora hay 73 centros de salud habilitados para ello, atendidos por profesionales formados para ello. Sin embargo, en la web de la Comunidad continúa apareciendo la dirección antigua.

Cuidados paliativos. “Básicamente, seguimos como estábamos”, explica Sacristán. El problema es que hay que reorganizar los recursos, “además de ser integrales y de calidad, como exige la ley”, aclara. Pero, en la actualidad, añade, están marcados por la desigualdad. Como ejemplo, expone las diferencias entre el servicio que recibe un paciente en su domicilio o en el hospital. “Se puede no estar de acuerdo con la calidad de los cuidados en un centro sanitario, pero no con la cantidad, porque el paciente está siempre atendido”, continúa. Algo que “no tenemos resuelto en la atención domiciliaria”. También pide que los pacientes terminales que lo necesiten puedan tramitar su adhesión a la ley de dependencia de forma urgente. En lo que sí se ha avanzado, añade, es en la sedación terminal, que la ley reconoce como buena práctica clínica.

Recursos humanos. El equipo del que es responsable Sacristán cuenta con tres médicos y tres enfermeros para atender un área de 650.000 habitantes. Su hospital de referencia es el Ramón y Cajal, en el que trabaja otro equipo similar. Hay otros centros, como La Paz, que tienen unidad de cuidados paliativos con camas. “¿Por qué el Ramon y Cajal no? No se sabe”, responde. El consejero anunció en el pleno que se van a ampliar los equipos en el Puerta de Hierro, el Doce de Octubre y el Clínico San Carlos.

Sin órganos de control.La ley preveía que los centros sanitarios debían remitir a la Consejería de Sanidad las actuaciones llevadas a cabo. El Gobierno, a su vez, elaboraría una memoria, que todavía no se ha publicado. El consejero aseguró en el pleno que el documento estará listo en mayo.