El Parlament puede convalidar la paga extra de los funcionarios sin la presencia del Gobierno

La convalidación del decreto que permitirá que los funcionarios catalanes recuperen la parte de la paga extra que aun se les adeuda se puede hacer sin necesidad de que un miembro del Gobierno central comparezca ante el Parlament. Así lo recoge un informe redactado por los letrados de la Cámara y que se conoció ayer. Se trata de un planteamiento diametralmente distinto al que defienden las fuerzas independentistas. Antes del 26 de abril el texto tiene que ser votado por la Cámara para que el pago sea efectivo.

El orden del día del pleno del pasado 5 de abril incluía la convalidación del decreto. Las formaciones independentistas hicieron valer su mayoría para retirar el punto, al defender que el reglamento del Parlament establece que un miembro del Govern tenía que defender el texto. Ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la comparecencia recaía sobre un miembro del Gobierno central. El Ejecutivo envió una carta explicando que nadie comparecería.

El gesto de protesta de los independentistas ante la intervención de la Generalitat fue mal recibido por los sindicatos, que consideran que se hace política con su paga extra. El Govern todavía debe a sus funcionarios el 20% de la paga extra de 2012 y la totalidad de las de 2013 y 2014.

El informe lo firma el letrado Ferran Domínguez y en él se apuntan a que si bien es cierto que el reglamento habla de una comparecencia previa del Ejecutivo, el Estatut no obliga a hacerlo y que no convalidar los decretos “podría infringir” los derechos de los diputados.

Recuperar el Diplocat

De otro lado, la Asociación Catalana de Municipios (ACM) anunció ayer que “trabajará por la recuperación” del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), cerrado en virtud de la aplicación del artículo 155. La asociación, presidida por David Saldoni, lamentó el cierre del organismo y la despedida de sus 17 trabajadores.

La ACM interpuso el año pasado un recurso en contra de la supresión del patronato de la red de diplomacia catalana. “Entendemos que el artículo 155 de la Constitución no puede imponer cualquier tipo de medidas y que sobrepasa su finalidad en suprimir un consorcio sin seguir los procedimientos legales establecidos”, dice la asociación.