C’s, PSC y PP difieren sobre la querella contra Llarena
Los socialistas afean la decisión de la Mesa del Parlament pero consideran que no hay malversación de fondos públicos
La decisión de la Mesa del Parlament de querellarse contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por no permitir a Jordi Sànchez acudir al debate de investidura ha abierto un nuevo filón para las fuerzas consitucionalistas, si bien siguen sin exhibir una unidad de acción. Ciudadanos, PSC y PP criticaron ayer el papel de Roger Torrent por permitir que la Cámara actúe judicialmente contra el magistrado.
“Torrent está utilizando su cargo de forma sectaria para favorecer los intereses de los separatistas y coaccionar a los jueces”, aseguró el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. La formación naranja no descarta también actuar judicialmente. Ciudadanos ya intentó, sin éxito, que el pleno del Parlament censurara lo que considera el partidismo de Torrent. Sólo el PP secundó su propuesta de resolución.
En su día, los socialistas catalanes no vieron motivos suficientes para apoyar esa reprobación aunque sí consideran que el presidente de la Cámara no sigue lo que consideran la neutralidad institucional necesaria. El <VS1> secretario de organización del PSC, Salvador Illa, insistió ayer en que la querella implica “una instrumentalización partidista del Parlament” pero descarta, como sugieren Ciudadanos o el PP, presentar una demanda por malversación de fondos públicos. Illa incluso pone en duda que se pueda estar dando este delito.
El Ejecutivo mira el caso
El PP, por su parte, tiene dos líneas de actuación. Por un lado, el presidente del partido en Cataluña, Xavier García Albiol, aseguró ayer que estudia querellarse contra Torrent. “Ha rebajado el Parlament a una simple oficina del defensor del independentista, utilizando dinero público para llevar a cabo una causa para dar satisfacción a esa parte de la población catalana”, dijo.
Por otro lado, el Ejecutivo central confirmó que la Abogacía del Estado ya ha solicitado la documentación necesaria sobre el acuerdo de la Mesa para evaluar si puede ser constitutivo de un delito de malversación. Esa actuación, explican fuentes del Gobierno, se llevaría a los tribunales por la vía penal, no al Tribunal Constitucional.
