La Guardia Civil registra la sede del Diplocat, en Barcelona

La Guardia Civil está registrando la sede del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) por orden del juzgado de instrucción 13 de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum, en el marco de una operación sobre los pagos a observadores internacionales del 1 de octubtre. Los agentes se han personado a primera hora de la mañana, en busca de pruebas que puedan acreditar el delito de malversación en la organización de la consulta.

La Guardia Civil, en informes anteriores, atribuye al Diplocat, un organismo público-privado dedicado a promover internacionalmente a la Generalitat, el pago de los observadores internacionales que acudieron a Barcelona el pasado 1 de octubre. Los agentes afirman que la entidad desembolsó 119.700 euros por "el traslado en avión, alojamiento y prestación de servicios" de los mismos.

Más información

Diplocat niega que busque un aval internacional para el referéndum

La ONU frena el intento de dar aval internacional al referéndum catalán

Exteriores comienza a cerrar las embajadas políticas catalanas

El organismo, que se acabó convirtiendo en una de las herramientas diplomáticas principales de la Generalitat para promover el referéndum, ha sido fulminado por el Gobierno de Rajoy con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se refirió al "Diplocat en liquidación". Está previsto que la entidad cierre mañana viernes, a pesar de que la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y el Ayuntamiento de Barcelona recurrieron la decisión.

En su informe, la Guardia Civil responsabiliza al exconsejero de Asuntos y Relaciones Internacionales Raül Romeva, actualmente en prisión preventiva, del desvío de fondos a través del Diplocat para el pago de los observadores. Los agentes constataron que el dinero se desembolsó a la entidad The Hague Center for Strategic Studies, los días 9 de septiembre y 21 de octubre, en concepto de "contrato de servicios". Los observadores concluyeron que la consulta no respetaba los estándares para considerarse un referéndum. 

"Es un acto de propaganda pura y dura", ha lamentado hoy a las puertas del Diplocat su exjefe de comunicación, Martí Estruch. Y ha atribuido al registro el objetivo de "demostrar quien tiene el poder y quien aplica el 155". "En esta oficina quedan trabajadores que mañana se van al paro y lo que hay en una oficina: ordenadores, archivadores...", ha afirmado. Según Estruch, la Guardia Civil y la Sindicatura de Cuentas ya acudieron con anterioridad al Diplocat y se llevaron la información que necesitaban.

En un auto del pasado 3 de noviembre, el juzgado de instrucción 13 requirió a la Generalitat que le desglosara el coste del referéndum, incluidos los gastos del traslado y la estancia de los observadores internacionales invitados para supervisarlo. El juez investiga la organización del referéndum a raíz de una denuncia por las conferencias del exsenador de ERC y exjuez Santi Vidal, que aseguró que el Govern contaba con una partida económica "camuflada" en los presupuestos de la Generalitat para organizar el referéndum y las estructuras de Estado.