Torrent convoca para este viernes el pleno de investidura de Sànchez

Por cuarta vez en tres meses, el Parlamento catalán intentará investir a un president de la Generalitat. De nuevo, el candidato es el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de Junts per Catalunya Jordi Sànchez, en prisión preventiva por un supuesto delito de rebelión. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, convocó ayer la sesión para el viernes día 13, a las diez de la mañana, y pidió al juez Pablo Llarena que permita a Sànchez asistir al debate.

Cuando en marzo las formaciones independentistas propusieron por primera vez a Sànchez como candidato, Llarena denegó su salida de la cárcel y la investidura se frustró. El juez del Tribunal Supremo argumentó que existía “riesgo de reiteración delictiva”. Sànchez, a través de su abogado, comunicó entonces su intención de renunciar al escaño, pero hace unos días se echó atrás y volvió a postularse como candidato. Ya fueron candidatos el expresidente Carles Puigdemont y el exconsejero Jordi Turull, que fue a prisión por decisión de Llarena antes de la segunda votación.

Torrent envió ayer una carta al alto tribunal solicitando de nuevo la libertad temporal de Sànchez para que asista a la sesión. “La prisión preventiva no comporta la privación del derecho al sufragio pasivo, que incluye necesariamente el derecho a ser elegido president”, sostiene la misiva. Torrent argumenta que, si se impide al expresidente de la ANC asistir al debate, “se estaría produciendo un daño irreparable” a sus “derechos políticos”.

La carta se apoya en una recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, al que recurrió la defensa de Sànchez. Este organismo admitió a trámite el pasado 23 de marzo un escrito de los abogados del diputado y, mientras estudia el fondo de la cuestión, sugirió como medida provisional al Estado que “tome todas las medidas necesarias para que Sànchez pueda ejercer sus derechos políticos”. Entre esos derechos, determinados en la convención, está la posibilidad de “votar y ser elegido en elecciones periódicas” y “ tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas”.

La decisión de Junts per Catalunya y ERC de optar por el exlíder de la ANC para presidir la Generalitat busca poner en una situación comprometida al Gobierno, después del revés judicial a la posibilidad de que el expresidente Carles Puigdemont sea extraditado de Alemania por un delito de rebelión. Desde las filas republicanas y del PDeCAT, no obstante, siempre han insistido en “un Gobierno efectivo”, y Sànchez no puede ofrecer esta posibilidad.

Citación de Llarena

El debate de investidura tendrá dos incógnitas, más allá de la autorización judicial. No está claro que los diputados Puigdemont (en Alemania) y Toni Comín (en Bélgica) puedan votar. Esos dos apoyos son necesarios para que los grupos independentistas sumen 66 votos y derroten así a los 65 contrarios a la independencia. La CUP ha ratificado que se abstendrá y que solo votará a favor de Puigdemont o de otro candidato con un programa “republicano”.

El juez Llarena ha citado el lunes 16 de abril, a las 10.00, a Jordi Sànchez, al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, para comunicarles su procesamiento por rebelión. En una providencia, el magistrado también cita para los dos días siguientes a los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Todos los citados se encuentran en prisión preventiva.