Lluvia de millones por renunciar a la caza en un parque natural

La Generalitat deberá indemnizar con unos once millones de euros a una comunidad de regantes por su renuncia a explotar su coto de caza en el parque natural de El Hondo, un santuario de aves ubicado en el sur de la provincia de Alicante. El Tribunal Supremo ha fijado en 9.182.736 euros esa compensación -a la que deben sumarse unos intereses legales que rondan los dos millones-, que casi quintuplica la reconocida en junio de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

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Al estimar un recurso de casación de Riegos de Levante, el Supremo cierra definitivamente el conflicto que enfrentaba a esta entidad y el Gobierno valenciano desde 1994, cuando el paraje fue declarado parque natural y sujeto, por tanto, a una especial protección medioambiental. Una disputa que ha deparado un sinfín de demandas y sentencias en las últimas dos décadas.

La Generalitat no ha hecho efectiva la indemnización en el plazo de pago voluntario, pero los regantes confían en no tener que acudir a la ejecución forzosa de la sentencia. “Hay una buena sintonía y nos han dicho que en breve contactarán con nosotros desde la Consejería de Hacienda”, explica a EL PAÍS la gerente de la comunidad, Belén Castellano. Los agricultores aceptarían pactar con la Administración un calendario de pagos. Mientras tanto, cada mes que pasa aumenta la indemnización en unos 45.000 euros.

El Hondo comprende 2.387 hectáreas de humedales repartidas entre los términos de Crevillent y Elche que llegan a albergar cada invierno hasta 30.000 aves, muchas de ellas migratorias. Sus principales hábitats son el carrizal, el saladar y el marjal, un triángulo de gran valor ecológico que da cobijo a especies endémicas de flora y fauna, algunas en serio peligro de extinción.

El parque natural se encuentra en el área que ocupó, hasta finales del siglo XVIII, la amplia Albufera de Elche. Su nombre, El Hondo, proviene de hecho de la depresión que forma el terreno y que permite la acumulación de agua. Esa albufera desapareció por el aterramiento natural y los numerosos drenajes realizados a lo largo del tiempo por el hombre para la creación de cultivos.

Riegos de Levante, que agrupa a 22.000 comuneros, es la titular del humedal, creado artificialmente a partir de dos embalses de riego donde se almacenan caudales procedentes de azarbes y del río Segura. “Aunque está catalogado como parque natural, todo el paraje es privado. Nosotros somos los únicos propietarios. En 1918 se nos dio la primera concesión de derechos de riego sobre el río Segura. Este año cumplimos nuestro primer centenario”, señala el presidente de la entidad, Javier Berenguer.

Gracias a esos dos embalses de riego, con capacidad para diez hectómetros cúbicos, unas instalaciones “hechas a mano, con legón y capazos”, El Hondo se ha convertido en hogar de garzas, cercetas pardillas, malvasías cabeciblancas y diversas especies de patos. Los derechos de Riego de Levante comprenden también el aprovechamiento de un coto con 42 puestos de caza que no ha podido explotar desde que la Administración vetó la actividad cinegética en el paraje. “Aquí se ha cazado toda la vida”, recuerda Berenguer, que fue empleado de la comunidad antes de presidirla, “llegó a venir incluso Franco”.

Desde que se aprobó el veto a la caza, los regantes han ido recibiendo sucesivas compensaciones anuales por parte del Gobierno valenciano por el lucro cesante. Muchas veces tras interponer demandas que dirimió el propio Tribunal Supremo. En julio de 2013, la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente denegó a la entidad la indemnización definitiva de 9,1 millones que ésta reclamaba “por la imposibilidad de disfrutar de forma absoluta y perpetua” del coto.

La Administración alegaba que la reclamación se había presentado fuera de plazo y que la norma que restringía la actividad cinegética en el parque no tenía “carácter permanente”. En junio de 2016, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano estimó parcialmente el recurso de los regantes y les reconoció el derecho a una indemnización de 2,2 millones de euros.

El TSJ aceptó la valoración contenida en un informe del Servicio de Caza y Pesca autonómico, que fijaba una capitalización anual de los perjuicios de 48.000 euros, frente a los 200.000 euros anuales reconocidos en otras resoluciones. Siete magistrados del Tribunal Supremo han dado ahora la razón a los regantes y han aceptado la cuantía total que ellos exigían por no poder volver a cazar en el humedal alicantino.

Según el fallo del alto tribunal, la controversia debe considerarse “cosa juzgada”, pues el propio Tribunal Superior valenciano dictaminó en dos ocasiones, en 2013 y 2015, que las circunstancias habían cambiado y la indemnización por la pérdida de ingresos derivada de cada temporada de caza debía fijarse en 200.000 euros.

“Lo determinado como indemnización en dichas sentencias firmes era la rentabilidad producida por la actividad cinegética para la comunidad de regantes recurrente y, por otra parte, su cuantificación se efectúa teniendo en cuenta la valoración de las circunstancias concurrentes”, alega el Supremo.

Riegos de Levante cree que la sentencia “llega en el mejor momento para poder acometer las inversiones que el futuro de la comunidad necesita”. El dinero servirá, entre otras cosas, para compensar los “graves problemas financieros heredados” de la anterior directiva, presidida por Manuel Serrano Richarte y bajo la gerencia de José Manuel Miralles, afirma la comunidad en un comunicado de prensa, y acometer las inversiones necesarias para luchar contra la sequía estructural que padece el campo alicantino.