El soberanismo rearma un relato jurídico propio

La justicia ha sido el principal dique de contención del independentismo. Los jueces han prohibido las dos consultas organizadas por el Gobierno catalán en apenas tres años (el 9-N y el 1-O) y han perseguido por la vía penal a sus promotores. Consciente de que el mundo judicial es su eslabón más débil, el soberanismo ha tratado de armar su propia estructura jurídica. Al albur del procés, han surgido media docena de entidades de segundo rango que, con diferentes objetivos y perfiles (las hay de abogados, de académicos y de magistrados) intentan construir un relato alternativo a favor del derecho a decidir y promueven acciones contra el encarcelamiento de los líderes políticos catalanes.

Cataluña no es tierra de jueces. En la última promoción, de los 66 opositores solo cinco (el 7%) son catalanes. Tampoco es tierra de fiscales, procuradores o notarios. Y aunque las causas son difíciles de desentrañar, Sergi Blázquez tiene claro el diagnóstico: “Siempre hemos tenido dificultades porque todo está controlado desde Madrid, son familias históricas. Y cuando aparecen jueces que abren la boca, como Santi Vidal o los 33 del derecho a decidir, los machacan”, opina el portavoz de Drets, una entidad que nació poco antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014 para interponer denuncias por “catalanofobia” y que ha acabado defendiendo a independentistas por incitación al odio, como el cómico Toni Albà.

En febrero de 2014, 33 jueces y magistrados catalanes sostuvieron en un manifiesto que “Cataluña es una nación” y que el llamado “derecho a decidir” cabe en la Constitución si ésta se interpreta “desde una perspectiva dinámica y viva”. La Policía les investigó. Uno de esos jueces era Santiago Vidal, figura clave en los intentos por diseñar una judicatura propia en una hipotética Cataluña independiente.

Vidal ejercía entonces como magistrado de la Audiencia de Barcelona, aunque sus ilusiones estaban puestas en la independencia. En sus ratos libres, redactó un borrador de Constitución catalana, lo que le valió tres años de suspensión. Entonces, los partidos se lo rifaron porque los jueces independentistas escasean. El Gobierno de Artur Mas lo fichó como asesor de Justicia, cargo que Vidal aprovechó para entrevistar a abogados sensibles a la causa y prometerles un futuro como jueces. El escándalo le obligó a salir: recaló en ERC, y fue elegido senador. Pero también tuvo que dimitir después de que EL PAÍS revelara el contenido de unas conversaciones en las que confesó supuestas ilegalidades del Gobierno catalán a cuenta del procés. Afirmó, por ejemplo, que había estudiado la ideología de la plantilla de jueces en Cataluña -más de 800- y que sabía quiénes serían fieles (unos 300) a la República. "Sabemos perfectamente cuáles se quedarán y cuáles se irán".

La entidad Ágora Judicial, formada por jueces, rechaza que la prisión preventiva se base en que los investigados puedan tener o no una determinada ideología

El caladero de jueces afines lo buscó Vidal entre los magistrados interinos y sustitutos, aquellos que no disponen de plaza propia y están en una situación más precaria. Los reúne la Asociación de la Judicatura Eventual Catalana (Ajudicat), una entidad “de ámbito estrictamente catalán” auspiciada por Vidal. En el acto de presentación, éste les animó a “poner su granito de arena para que esto acabe de la mejor manera” -era una alusión a la consulta del 9-N- y les conminó a "luchar no solo por los derechos profesionales, sino por que este país salga adelante". "Apoyamos abiertamente la constitución de un poder judicial catalán y una judicatura catalana", agregó el presidente de Ajudicat, Fruitós Richarte.

Parte de los jueces que firmaron el manifiesto de los 33 están ahora integrados en Àgora Judicial, una asociación nacida el pasado mes de enero. Una veintena de magistrados habían abandonado Jueces por la Democracia al entender que había mantenido un posicionamiento tibio sobre la represión policial del referéndum del 1 de octubre; la escisión fue un síntoma de la creciente tensión provocada por el procés. Su portavoz, Francesc Xavier González de Rivera, subraya que la entidad "no puede pronunciarse sobre el derecho a decidir", pero sí sobre "decisiones judiciales". Como el encarcelamiento de los políticos catalanes. Àgora Judicial - a la que pertenecen, entre otros, Maria Josep Feliu, que fue secretaria de relaciones con la administración de la Generalitat también bajo el gobierno Mas- sostiene que la prisión preventiva "no se puede basar en el simple hecho de tener o no tener los investigados una determinada ideología o la intención de desarrollar una actividad política", en alusión a los autos del juez Pablo Llarena que mantienen en prisión a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis.

En la misma onda que Àgora se sitúa el Colectivo Praga, que no está formado por jueces sino por juristas: profesores y catedráticos, algunos de Derecho Constitucional. El objetivo declarado de la plataforma es dar "argumentos jurídicos fundamentados" sobre el "derecho a decidir de la nación catalana". Para ejercerlo, sostienen, no hace falta ninguna reforma legal. La entidad animó a los ciudadanos, pocos días antes del 1-O, a mantenerse "firmes", y aseguró que el resultado de la consulta sería "legítimo" con una alta participación. Tras el referéndum, ha criticado las "violaciones de derechos humanos" en un manifiesto de 650 juristas que ha llevado a la ONU y al Consejo de Europa. El colectivo también ha pedido la "liberación inmediata" de los "presos políticos". Su coordinadora es Mercè Barceló, catedrática de Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona: "Tenemos gente de derechos y de izquierdas, independentistas y no independentistas, pero creemos en los derechos de la ciudadanía. La unidad de España no puede servir para vulnerar esos derechos", opina Barceló, quien agrega que el poder judicial "es el único que no se ha descentralizado" y que "el Estado queda muy lejos en Cataluña".

Los abogados son la cara más visible de este magma jurídico cercano al soberanismo. "Ellos son más teóricos, pero nosotros somos más de campo de batalla", tercia Blázquez. Drets no es el único actor. De hecho, existe una estrecha colaboración entre algunas de esas entidades. Como Advocat's, una coordinadora que ha promovido diversas acciones en la calle: tres días antes del 1-O, exigieron "respeto a la autodeterminación" de Cataluña frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; en noviembre, volvieron a salir con las togas para pedir la liberación de los políticos encarcelados. Los colegios profesionales con más presencia son los de Girona, Vic, Mataró, Reus, Manresa o Figueres. Entre otras cosas, han defendido que Carles Puigdemont podía ser investido president a distancia. Muchos de esos letrados formaron parte, durante la jornada del referéndum, de un "equipo jurídico" coordinado por Drets para asesorar a ciudadanos y empresas y recordarles que votar "no es ningún delito". "Preveíamos que el 1-O habría una actuación de la Policía y la Guardia Civil y que habría detenciones", rememora Blázquez.

La necesidad de mimar el ámbito judicial llevó a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), organizadora de las Diadas multitudinarias de los últimos años, a contar con una sectorial propia de ese ámbito: Juristes per la Independència (JurCAT), que integra a "abogados, licendiados que trabajan en la Administración, profesores de universidad, procuradores y algún notario", explica Josep Faiges, hasta hace poco coordinador de la sectorial, que constata la necesidad, para el independentismo, de "ser fuertes desdes el punto de vista del derecho".

La obsesión independentista por disponer de un corpus teórico y, sobre todo, de un armazón judicial propio tuvo su traslado al ámbito institucional ya en plena puesta en marcha de las leyes de desconexión el año pasado. El exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer coordinó un borrador que contemplaba un sistema de elección de la cúpula judicial que, en la práctica, permitía al Govern controlar el poder judicial. El president, según ese esquema, no solo nombraría al fiscal general de Cataluña sino también al presidente del Supremo catalán. Además, incluía la previsión de que los jueces que ya trabajan aquí tuvieran que volver a concursas por sus plazas, lo que indignó a sus asociaciones.