El secesionismo se empeña en defender la investidura de Puigdemont
Todos los grupos independentistas pacta dos resoluciones que se debatirán el Parlament este miércoles
El independentismo cerró filas este lunes con Carles Puigdemont, detenido en Alemania, y reclamó un pleno urgente para aprobar una resolución que reclama el derecho del expresidente de la Generalitat, de Jordi Turull y de Jordi Sànchez a someterse a un debate de investidura. Todo indica que se trata de un gesto simbólico, porque lo contrario sería volver a la senda de la desobediencia al Tribunal Constitucional y desoír los informes de los letrados del Parlament.
El pleno se iniciará a las 10.00 horas del miércoles y servirá para que la Cámara catalana se pronuncie por primera vez después de la detención de Puigdemont. Su investidura, así como de Sànchez o Turull, se antoja inviable después de que el Tribunal Constitucional advirtiera el 28 de enero de que el expresidente solo podía acudir a ese debate parlamentario con permiso del juez Pablo Llarena y de manera presencial.
Los letrados de la Cámara también han emitido dos informes en los que alertan de que la investidura telemática de Puigdemont no es posible con el actual marco legal. Con todo, Junts per Catalunya no quiere aceptar esa realidad y el 9 de febrero registró una proposición para cambiar la ley de la presidencia de la Generalitat y permitir la investidura telemática. Esquerra Republicana se resistió entonces a tramitarla, pero la semana pasada levantó el veto y el Parlament ya ha iniciado el procedimiento para presentar enmiendas.
“El Parlament reclama la puesta en libertad inmediata de los diputados y exdiputados de esta Cámara que están privados de libertad”, dice la resolución que presentaron las tres formaciones independentistas. Mientras dure esa situación, el Parlament se compromete a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar” que tanto Puigdemont, como Sànchez o Turull “puedan ejercer sus derechos políticos... incluyendo el derecho a someterse a debate y votación plenaria de su candidatura a la presidencia para ser investido como presidente de la Generalitat”, añade.
Ciudadanos pide la dimisión de Torrent
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha solicitado esta mañana la dimisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, por considerar que "ya ha pasado todos los limites en el poco tiempo que lleva en el cargo". En su opinión, el presidente de la Cámara "ha bloquedo el Parlament, ha presentado tres candidatos sin posibilidades de ser investidos, ha hecho mítines independentistas desde su cargo y se niega a comparecer para dar explicaciones".
Arrimadas considera que Torrent "no puede estar ni un minuto más al frente del Parlament porque actúa como el abogado defensor de Puigdemont". La líder del partido naranja ha intentado esta mañana una reunión con Torrent, pero este lo ha declinado argumentando que tenia la agenda repleta.
Sin embargo, Torrent ha telefoneado a Arrimadas y ha sido cuando le ha reclamado su dimisión, al tiempo que le ha anunciado la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de los diputados.
Desde Esquerra Republicana evitaron posicionarse oficialmente sobre la propuesta de Junts per Catalunya y la CUP de intentar una investidura de Puigdemont. "Los más importante ahora es que el president quede en libertad. Su abogado ya ha dicho públicamente que la prioridad es su defensa personal", ha explicado Sergi Sabrià, el portavoz de los republicanos en el Parlament.
ERC cree que la propuesta de Torrent de intentar buscar un frente amplio tiene recorrido y por eso, según Sabrià, el partido "recoge el guante". "Queremos aquí a todo el mundo, más allá de los partidos políticos", ha explicado Sabrià. El portavoz ha asegurado que no está sobre la mesa un gobierno de concentración que incluya al PSC, si bien ha mostrado la voluntad de hablar "con todo el mundo".
La reivindicación de Puigdemont y Sànchez como candidatos a la Generalitat supone un giro del secesionismo después de la detención, encarcelamiento o huida de todos sus líderes. Ante la imposibilidad de ser investido, Puigdemont anunció el 1 de marzo que se retiraba para dar paso al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, en prisión. Este no fue excarcelado por el juez Pablo Llarena para acudir al debate de investidura, lo que le llevó a anunciar el 20 de marzo su renuncia en favor de Jordi Turull.
El tercer candidato hizo el pasado día 22 su discurso ante el Parlament, pero no fue investido en primera votación por la abstención de los cuatro diputados de la CUP. Al día siguiente, Turull fue encarcelado por el Tribunal Supremo, junto con otros tres exconsejeros y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, al tiempo que se conocía que la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, había huido a Suiza.
Ante este nuevo escenario Jordi Sànchez ha cambiado de opinión y, a través de su abogado, Jordi Pina, anunció este lunes que está abierto a volver a ser candidato a la Generalitat si así lo deciden los grupos parlamentarios, informa Jesús García. “No tiene ningún inconveniente en optar a ser investido porque quiere servir al país”, explicó Pina en una rueda de prensa en la que justificó el cambio de criterio por la reciente resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha instado al Estado español a que se comprometa a garantizar los derechos políticos del expresidente de la ANC y excandidato a la investidura.
El comité hizo público un comunicado en el que advierte de que su decisión “no prejuzga la actuación del Gobierno ni del poder judicial” y que será “debidamente respondida” por el Ejecutivo en el plazo de seis meses. También recuerda que para admitir la queja de Sànchez solo ha tenido conocimiento de sus alegaciones y que no las ha contrastado con las del Gobierno español.
En el pleno del miércoles se votarán otras tres propuestas de resolución. La de Ciudadanos pide que finalice “la estrategia de utilización partidista del Parlament ejercida por su presidente”. Los socialistas reclaman “restablecer consensos básicos en la sociedad catalana, profundamente divida” y los comunes coinciden con el independentismo en reivindicar los derechos políticos de todos los diputados.
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