Promesas incumplidas

El 14 de julio de 2015, apenas unas semanas después de haber tomado posesión la nueva corporación municipal, las asociaciones de vecinos del centro de Madrid dirigimos un escrito a la alcaldesa Manuela Carmena pidiendo la urgente revisión de la actual ordenanza de terrazas, aprobada en julio del año 2013 por el gobierno de Ana Botella. En fechas posteriores, incluso en reunión mantenida con Carmena, volvimos a reiterar la petición al gobierno de Ahora Madrid, y casi tres años después todo sigue igual.

La revisión de la ordenanza de terrazas figuraba entre las medidas para el distrito Centro en el programa electoral de Ahora Madrid. Hoy sigue en vigor la misma ordenanza. El coste para el presupuesto público de revisarla sería cercano a cero y, en comparación, la reforma de la Gran Vía, con un presupuesto de 5,7 millones de euros y que no figuraba en dicho programa, acaba de iniciarse. Es un dato indicativo de la credibilidad que podemos esperar del actual gobierno municipal, aunque no podemos decir que no estuviéramos advertidos: ya Carmena insinuó que el programa electoral era “meramente orientativo”.

El distrito Centro de Madrid, donde residen unos 150.000 vecinos, concentra la mayor densidad de terrazas de la ciudad. Con la actual ordenanza se han ocupado decenas de miles de metros cuadrados de suelo público y uso público para hacer negocio privado a precio irrisorio.

Hasta el año 2006, para instalar una terraza en el espacio público de Madrid era necesaria una evaluación de impacto ambiental previa. Obviamente, la actividad de las terrazas —especialmente la altísima concentración de éstas— no es una actividad inocua. A la inmensa mayoría de los usuarios de terrazas se les olvida que el inevitable ruido que en ellas se genera condiciona enormemente la vida y la salud de los residentes del entorno. Olvidando que ellos también son residentes.

La alteración de la calidad ambiental de los entornos aterrazados (ruido, suciedad, movilidad peatonal, paisaje urbano) suponen una pérdida evidente del valor de estos espacios que afecta incluso al valor real de las viviendas, estimado en un 2% menos anual.

Pero además, las terrazas son un elemento distorsionador de la libre competencia, entre las actividades hosteleras y el resto de actividades económicas, incluso entre las propias actividades hosteleras; alterando los precios del mercado de alquiler y venta de locales, y generando una gran presión especulativa sobre los usos urbanísticos.

Las terrazas son, por tanto, sin una adecuada planificación, un elemento que destruye tejido urbano, con casos tan flagrantes como la construcción de edificaciones sobre el viario público. El consumo desmedido de suelo público por las terrazas supone la pérdida de un valioso y escaso bien como es ‘el valor social del espacio público’ —especialmente grave en el caso del distrito Centro— que jamás podrá ser retornado vía tasas municipales sobre esta actividad.

Todo ello promovido por el propio Ayuntamiento, que evidencia una deliberada incapacidad para la planificación y el control/sanción de los altísimos niveles de incumplimiento, de una ya de por si laxa normativa. ¡Hasta donde hemos llegado!

Esteban Benito es portavoz de la Asociación de vecinos de Chueca y de la Coordinado de Asociaciones de Vecinos del Centro de Madrid