Puig garantiza a los británicos la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana pese al Brexit

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha enviado este viernes un mensaje de tranquilidad a los residentes británicos que viven en la Comunidad Valenciana: pase lo que pase cuando se consume el Brexit, los ciudadanos de Reino Unido continuarán teniendo garantizada la atención sanitaria en la comunidad autónoma.

La aseveración de Puig no impide, sin embargo, que con la actual normativa valenciana resulte necesario un acuerdo entre Londres y la Unión Europea sobre prestaciones sanitarias de sus respectivos ciudadanos. Si no llegara a establecerse un convenio de ese tipo —un escenario que la Generalitat valenciana considera remoto—, los británicos que no tuvieran seguro privado tendrían que pagar por la atención sanitaria recibida, salvo en el caso de que fueran pobres de solemnidad. 

La afirmación del presidente valenciano busca reforzar la confianza del colectivo nacional en la Comunidad Valenciana, que era la autonomía española donde más británicos vivían a 1 de enero de 2012 y la que más británicos ha perdido desde entonces: 72.348, la mitad. El año pasado, Andalucía la desplazó como la región que más acoge. En el conjunto de España, en el mismo periodo el número de ciudadanos de ese país ha descendido de 397.892 a 240.785.

"La universalización de la sanidad está contemplada claramente por nuestro gobierno y siempre hemos dicho que aquí van a estar atendidos perfectamente", ha afirmado Puig ante el embajador británico en España, Simon Manley, en un seminario bilateral Reino Unido-España sobre la innovación en el campo de la salud celebrado en el Hospital la Fe de Valencia.

El presidente se refería con universalización de la sanidad al primer decreto aprobado por su Gobierno, que en 2015 garantizó la asistencia a todos los residentes en la Comunidad Valenciana, incluidos los inmigrantes sin papeles. La ley fue anulada en diciembre por el Tribunal Constitucional al considerar que invadía competencias del Estado. Pero la Administración autonómica ha aprobado unas instrucciones que en la práctica mantienen la apertura generalizada de hospitales y centros de salud.

La normativa sanitaria valenciana establece que la sanidad pública atiende a cualquier persona. En el caso de los extranjeros, el coste de la atención se factura posteriormente a su país de origen o a su seguro privado. Si no existe un convenio sanitario entre España y su país y el extranjero carece de seguro particular, se le cobra a él directamente. Se trata del mismo sistema que funciona en el conjunto de España. La excepción introducida por el Gobierno de Puig consiste en que si el extranjero carece de recursos económicos, y así resulta acreditado por los servicios sociales, la Administración autonómica asume el coste pasado y futuro del tratamiento.

Salida con la crisis económica

El mensaje lanzado por Puig tiene como objetivo frenar la marcha de británicos, que se inició antes del referéndum del Brexit celebrado en 2016, en el contexto de la crisis económica y de los recortes sanitario y farmacéutico que en 2012 realizó el Gobierno de Mariano Rajoy.

El padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 1 de enero de 2012 registró el récord histórico de británicos residentes en España. En la Comunidad Valenciana sumaban 145.652, la mayor parte de los cuales vivía en Alicante. Andalucía ocupaba entonces el segundo lugar, con 121.329. Entre ambas acogían a dos terceras partes de los británicos en España.

La caída en picado que se ha producido desde entonces hizo que a 1 de enero de 2017 el número de británicos hubiera pasado a ser de 74.252 en Andalucía y de 73.304 en la Comunidad Valenciana. En junio de 2016 se celebró el referéndum del Brexit, y ese año se fueron 10.000 solo de la Comunidad Valenciana. Todavía no hay información oficial sobre la evolución en 2017.