Alquileres prohibitivos

Cristina, Roger o Dennis son potenciales víctimas de los llamados desahucios silenciosos. La subida disparatada de los alquileres los echa de sus casas. Todos ellos pueden competir por el papel de protagonistas de esa gran “leyenda urbana” que son los lanzamientos, en fugaces palabras del director general de Negocio de Caixabank, Juan Antonio Alcaraz, el pasado 25 de enero. Seis días después, Alcaraz rectificó y lamentó “profundamente” sus afirmaciones: al despertar, la realidad seguía ahí.

Cristina es una de las 150 personas que viven en un edificio de Sant Joan Despí recientemente adquirido por un fondo. La propiedad le ha notificado que, a partir del mes de marzo, el alquiler pasará de los 585 euros actuales a 1.350, lo que en la práctica supone la expulsión de su actual vivienda. Será un nuevo desahucio silencioso dentro de la más estricta legalidad.

Roger, como contaba Clara Blanchar hace unos días en las páginas de este diario, es inquilino de una vivienda en el barcelonés barrio de Sant Andreu. Es una casa de planta baja y primer piso. El contrato es antiguo y el propietario nuevo quiere vender. Los inquilinos quisieron ejercer la opción de compra. Pero eso no formaba parte de los ambiciosos planes de la propiedad. Les dejaron de cobrar el alquiler en diciembre y ahora cada mes depositan las cuotas ante el juzgado. Roger está convencido de que el propietario pretende que dejen de pagar durante tres meses para así poderlos echar.

Dennis, por último, es víctima de una de las manifestaciones externas más desacomplejadas de especulación urbanística. Carles Cols explicaba hace unos días en El Periódico de Catalunya que una agencia inmobiliaria del barrio de Gràcia anunciaba la venta, por 169.000 euros, de una finca “con inquilino de 78 años con renta antigua de 350 euros”. Dennis vive ahí desde 1982 y, como un acicate para inversores, la publicidad incluía la edad y género del inquilino, por aquello de las expectativas de vida.

Esos tres ejemplos ilustran cómo actúa la subida de los precios de los alquileres en las grandes ciudades y sus conurbaciones. En Barcelona se firmaron el año pasado 36.138 contratos de alquiler, cuyo precio medio es de 872,57euros mensuales. Si el 65% de los jóvenes de la ciudad ingresa menos de mil euros mensuales, es fácil entender que el concepto “vida digna” forma parte del añorado mundo de ayer. Actualmente, más del 60% de los lanzamientos ya son por impago del alquiler. En España, el 43% de los inquilinos —frente al 27% de la UE— destinan más del 40% de su salario al pago mensual de la vivienda.

La mayoría absoluta del PP modificó en 2013 la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Era un secreto a voces que, debido a la precariedad laboral y salarial, los menores de 45 años ya no compraban piso. Y la especulación financiera se centró en el alquiler. Las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) —exentas del impuesto de Sociedades, con una bonificación del 95% en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y, las más agresivas, ofreciendo una alta rentabilidad— han contribuido activamente desde entonces al aumento de los precios del alquiler, que se ha agravado con el boom de los apartamentos turísticos.

Desde algunos sectores ciudadanos se apuesta por una política de regulación de los precios de los alquileres como la que se practica en Berlín o París. Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) asegura que la demanda no justifica un aumento tan disparatado de los alquileres (un 28% en Barcelona desde 2014). En barrios como l’Esquerra de l’Eixample hay un 14% de pisos desocupados, una cifra a englobar en ese 30% de viviendas vacías que sitúan a España como una de las primeras potencias europeas en ese ranking lamentablemente singular. Por eso el Sindicat de Llogaters tiene la mirada puesta en la propuesta de Ley de Vivienda que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca registró el pasado 10 de enero en el Congreso, después de que el PP pervirtiera en su día la Iniciativa Legislativa Popular que la misma PAH había presentado. El ambicioso texto pide, en el terreno del alquiler, que se contemple el poder adquisitivo de la población y que los contratos sean por un mínimo de cinco años —si el tenedor es un pequeño propietario— o de 10 si es un banco o una inmobiliaria.

Los problemas cotidianos deben hacerse un lugar en la guerra de banderas que ha secuestrado la política española en nombre de la legalidad y de los momentos históricos. Tal vez habría tiempo para paliar los desahucios, los sonoros y los silenciosos. Sería una contribución a que la pesadilla pasara a leyenda urbana.