Madrid Destino indemnizó a su gerente para evitar “riesgos mediáticos”

Madrid Destino, empresa pública dirigida por Joaquín Fernández Segura, llegó a un acuerdo extrajudicial con su ex consejera delegada, Ana Varela, para evitar "riesgos mediáticos" vinculados a una demanda por despido improcedente. Varela, contratada como personal de confianza y funcionaria de carrera, pidió la anulación de su destitución, alegando que se había dañado su honor. El PP cree que el Ayuntamiento le pagó una indemnización de 35.000 euros para "acallar" a la ex alto cargo, investigada en el caso del Open de Tenis.

Joaquín Fernández Segura —que sustituyó a Valera en marzo pasado tras ser despedida— habló este lunes de tres "riesgos" vinculados a la demanda de su antecesora que, en su opinión, justificaron el acuerdo extrajudicial. En primer lugar, el "riesgo organizativo": la existencia de una posible dirección bicéfala si el juez hubiera anulado el despido. En segundo lugar, el "riesgo político", sobre el que Fernández Segura no quiso incidir. Finalmente, un "riesgo mediático", que pudiese denostar la imagen del Ayuntamiento tras otra polémica más relacionada con la política cultural, ahora controlada por la alcaldesa, Manuela Carmena.

"El acuerdo fue equilibrado para las partes y es compatible con una gestión prudente del conflicto", se defendió este lunes Fernández ante las críticas de la oposición en la comisión de Cultura del Ayuntamiento.

Y es que la edil del PP Isabel Rosell consideraba "inadmisible" que el Ayuntamiento indemnizara a un cargo de confianza con 35.000 euros, cuando la ley no contempla ese derecho para funcionarios de carrera, como es el caso de Varela. De hecho, Rosell no recurrió a eufemismos y se preguntó si la indemnización corresponde a un "premio" para "acallarla".

La ex consejera delegada de Madrid Destino, junto con los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer (Ahora Madrid), encargó dos informes jurídicos a bufetes privados para intentar demostrar que los anteriores gobiernos de Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón (PP) habían multiplicado por seis lo que el Ayuntamiento pagaba por celebrar el Open de Tenis. Buscaban encontrar responsabilidades penales. Lo hicieron a pesar de que los informes municipales no encontraron, previamente, ninguna ilegalidad. Por eso, el grupo municipal del PP los denunció y ahora están imputados por posibles delitos de prevaricación, malversación y societario.

Varela sostiene que antes de denunciar el caso del Open habló con una asesora personal de la alcaldesa, y que esta le aconsejó dirigirse a un bufete de abogados. Los informes privados se pagaron con dinero de Madrid Destino y sin comunicárselo al consejo de administración. La regidora, por su parte, aseguró no haber sido informada de la denuncia y no dudó en tacharla de "error". Varela fue destituida.

En su demanda, la exconsejera sostuvo que al anunciar el gobierno de Carmena su cese en una rueda de prensa el 30 de marzo de 2017 se le provocó un perjuicio personal y profesional. Una tesis que no solo el PP, sino también el PSOE, considera que carece de fundamento.

La concejal socialista Mar Espinar cree que explicar en rueda de prensa la destitución de un cargo de libre designación no puede dañar la "imagen mediática" de nadie: "No parece que indemnizar a una funcionaria por el cese en un puesto de confianza se haga para reparar su imagen", reflexionó la edil. "Aquí el gobierno de la luz y los taquígrafos tiene mucho que explicar", añadió.

Ante esas palabras, Fernández Segura contestó: "[Varela] desiste de todas sus pretensiones por voluntad propia y el Ayuntamiento y Madrid Destino aceptan que el cese no supone cuestionamiento de su capacidad técnica, sino que responde a la lógica del funcionamiento de una organización", agregó.

Sin embargo, una de las incógnitas del caso corresponde a las razones por las que el Consistorio decidió no ampararse en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para rechazar el pago. Esta ley establece que "no se tendrá derecho a indemnización alguna" cuando el despedido de un cargo sea un funcionario de carrera.

De hecho, la concejal del PP Isabel Rosell recordó que el contrato de la exdirigente no preveía el derecho a indemnizarla. "Solo alegando pérdida de confianza sería suficiente", dijo. En cuanto a Mato y Mayer, la edil insiste en que tenían que haber sido cesados tras ser imputados: "Lo dice el código ético de Ahora Madrid".