El fiscal pide 21 años por el ‘Proyecto pilla-pilla’ contra homosexuales

El fiscal pide hasta 21 años de cárcel para los integrantes del Proyecto pilla-pilla, que preparaban emboscadas a homosexuales en Granollers y Les Franqueses, en Barcelona, para humillarlos y vejarlos sometiéndolos a un interrogatorio, que luego colgaban en las redes sociales. En su escrito de acusación, el fiscal de delitos de odio y discriminación Miguel Ángel Aguilar pide la mayor pena, 21 años de cárcel, para Mykola, el impulsor de este grupo, y para su principal colaborador, así como condenas de 15, 6 y 2 años para los otros cuatro acusados.

Mykola, de nacionalidad ucraniana, creó en noviembre de 2013 el grupo que denominó Proyecto pilla-pilla, que era una imitación del grupo ruso Occupay Pedofilya, de clara ideología neonazi que, con el pretexto aparente de identificar y neutralizar a pederastas, buscaba perseguir, humillar y vejar a homosexuales. Siguiendo los mismos objetivos, el Proyecto pilla-pilla, en el que Mykola logró reunir a varios integrantes –de los que los Mossos d'Esquadra lograron identificar a cinco y a un menor de edad–, actuó al menos contra tres víctimas, a las que, mediante un engaño previo, humillaron con un interrogatorio vejatorio, que grabaron en vídeo y difundieron por las redes sociales.

En concreto, los miembros de este grupo se hicieron pasar por un menor de edad y entablaron conversación en chats de contactos íntimos con tres homosexuales, con los que concertaron una cita. El día de la cita, cuando aparecía la víctima, un grupo de entre 10 y 20 personas, entre ellos los siete identificados, abordaban a la víctima aprovechando la "notable desproporción de su fuerza numérica", la rodeaban para que no huyera, la retenían y la filmaban mientras la interrogaban.

Según el fiscal, los acusados actuaron con el objetivo de "atemorizar, humillar y represaliar" a los homosexuales. Los acusados obligaban a las víctimas a responder a preguntas sobre su condición sexual y familiar, dar su nombre completo y su DNI, proclamar públicamente su homosexualidad y reconocer –bajo coacción– que eran unos "pederastas abusadores de niños". Posteriormente, editaban las imágenes y las colgaban en las redes sociales.

Según la Fiscalía, estos hechos, de los que únicamente se ha podido acreditar el caso de tres víctimas, causaron en esa época y en los meses sucesivos un "estado de alarma social" entre el colectivo homosexual, que temió por su seguridad y por su integridad y se vio gravemente afectado en su dignidad colectiva. Los vídeos llegaron al entorno de las víctimas, que de esta forma pudieron descubrir su orientación sexual, conocer sus fantasías sexuales y la falsa acusación de que eran abusadores de niños, generando todo ello un daño "irreparable" en su honor y en su dignidad, debido al "escarnio público" que suponía que, sin haber cometido ninguna ilegalidad, se les asociara con la pederastia. De hecho, dos de las víctimas recibieron mensajes amenazantes en su teléfono, cuyo número aparecía en el vídeo que difundieron los acusados.

Por todo ello, el fiscal acusa al creador del grupo y a su principal colaborador -que era quien llevaba el peso de los interrogatorios-, de tres delitos contra la integridad moral y tres contra la intimidad, por los que les pide en total 21 años de cárcel. A los otros cuatro acusados, el fiscal les pide condenas de seis años de prisión -a dos de ellos- y dos años -a los otros dos-, así como que indemnicen conjuntamente a cada una de las tres víctimas con 31.000 euros.