Un problema español

Desde que la exhibición de fuerza del Estado ha puesto al independentismo ante el espejo de sus limitaciones, hay una cierta tendencia a plantear la cuestión soberanista como si ya fuera solo un problema estrictamente catalán. Sin duda, el desastre electoral del PP contribuye a ello. Siempre ha operado con la pereza del que se siente extraño en Cataluña y así le ha ido. Después del castigo recibido por una gestión que Mariano Rajoy, inasequible al desaliento, considera irreprochable, parece como si el presidente considerara que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y que, a partir de ahora, allá se las compongan los jueces y los catalanes. Y, sin embargo, forma parte de la responsabilidad del Gobierno allanar el aterrizaje del indepedentismo, después del choque, si se quiere evitar la generalización de los efectos desestabilizadores.

La españolidad del problema está en su origen. El conflicto es por el reparto territorial del Estado, es decir, por la configuración de España. Ni más, ni menos. Y el hecho de que después del choque se vaya imponiendo la idea de que la ruptura no está en el orden del día, no impide que siga presente en el horizonte lejano como programa de muchos sectores del independentismo. Y todos sabemos que la idea aglutinante —el referéndum, que es lo que permite a los independentistas trabar alianzas más allá de su parroquia natural—, reaparecerá cíclicamente. Puede que cambien los métodos, fruto del choque con la realidad, pero los objetivos no están descartados y de que se asuma como un problema político español —y por ende europeo— depende que se encuentren lo que ahora parece imposible: vías para canalizarlo.

Con cierto fatalismo se alude a la cronificación del problema. Crónico lo es desde hace tiempo, solo que se había mantenido en un nivel asumible con réditos para las dos partes (quien gobernaba en Cataluña y quien gobernaba en España). Y así se vivió el proceso soberanista hasta que el independentismo subió la apuesta y entró el pánico y, con él, las respuestas de excepción. ¿Cuál es el nivel de tensión que hay que alcanzar para que las dos partes dejen de encontrar incentivos en la confrontación y entiendan que han de sentarse a hablar? ¿Estamos cerca? ¿O siguen soñando con la derrota del adversario que haga innecesario este momento?

La cuestión catalana no es aislable. Ha cambiado significativamente el mapa político español, con un vertiginoso corrimiento hacia la derecha. Ciudadanos debía ser la alternativa centrista al PP y le está disputando la hegemonía en el lado contrario, en la radicalidad ideológica conservadora. Al tiempo que se beneficia, obviamente, de las vacilaciones de Rajoy y del deterioro de la imagen del PP, un partido envejecido, cerrado, enormemente deteriorado por una corrupción que se resiste a reconocer. Un corrimiento que arrastra a todo el espectro político.

Siguiendo en el terreno político e institucional, la cuestión catalana está provocando una reinterpretación de las reglas del juego por parte del Tribunal Supremo que es una verdadera mutación del régimen del 78, con afectación a la manera de interpretar los derechos y las libertades, con posibles consecuencias para todos, salvo que se interprete, como tiende a hacer el independentismo, que son criterios que solo rigen para los catalanes. El poder judicial toma el mando. Sorprende el silencio de la izquierda y del liberalismo progresista respecto a esta transformación de hecho del sistema. Podemos debería estar alerta, puede ir contra ellos.

En fin, se habla de las consecuencias económicas de la incertidumbre generada por la cuestión catalana, algunos incluso anuncian cierta decadencia de Cataluña. Pero solo una ceguera fundada en el prejuicio ideológico puede hacer creer que un retroceso en la economía catalana no afectaría al resto. Es imposible pensar que lo que afecte al 2% del PIB no tenga impacto sobre el conjunto. Desde la distancia, para los potenciales turistas, clientes o inversores, la cuestión catalana se sitúa en el interior del marco español. Y el deterioro de la imagen exterior por los acontecimientos de los últimos meses afecta a todos. Sí, la crisis catalana es también un problema español. De la flexibilidad institucional para hacer posible el reconocimiento mutuo —y, por ende la solución democrática— depende que las consecuencias no sean fatales para todos. Y ahora mismo, esa flexibilidad brilla por su ausencia.