El PP denuncia al concejal de Economía por “escuchas ilegales”

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid interpuso ayer una denuncia, en aplicación de la ley de Transparencia, contra el concejal de Economía del gobierno de Ahora Madrid por un supuesto caso de "escuchas ilegales". Los populares acusan a Carlos Sánchez Mato de haber grabado secretamente los consejos de administración de la empresa mixta Madrid Calle 30, y de haber trasladado documentos de la sociedad para una digitalización sin previamente registrarlos. El edil defiende que las grabaciones respondieron a la "necesidad administrativa" de transcribir las actas, puesto que "algunos consejeros habían exigido la transcripción casi literal de las intervenciones". De salir adelante, la denuncia podría suponer hasta 10 años de inhabilitación.

La normativa impone que en primera instancia se presente una demanda ante la administración donde se habría violado la ley, es decir, el Ayuntamiento de la capital. Esto significa que la alcaldesa, Manuela Carmena, será quien tiene que decidir si investigar o archivar el caso. En este último escenario, el grupo municipal del PP, liderado por José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que recurrirá a los tribunales.

Las supuestas "escuchas ilegales" se habrían realizado "a escondidas" durante una de las reuniones del consejo de Calle 30. "Parece ser que se obtenían ilegalmente y que a continuación se destruían", dijo ayer el portavoz del PP. Sánchez Mato contesta que las grabaciones sirvieron para las transcripciones de las actas, y que, tras registrarse las quejas de algunos consejeros, se dejaron de hacer: "Las grabaciones respondían a dicha necesidad administrativa, no se publicaban ni se utilizaban para nada más", remarca.

La segunda parte de la denuncia atañe a las 1.300 certificaciones que se sacaron de Calle 30 presuntamente sin control y rompiendo la "cadena de custodia", afirma Álvaro González (PP). En este caso, Sánchez Mato defiende que fue el PP quien pidió la digitalización de los archivos, y recuerda que se firmó un convenio con una empresa para garantizar la "confidencialidad". Y añade que la documentación "no es parte de los expedientes administrativos de obra ni sigue una cadena de custodia, ya que recoge solo certificaciones de obra".

La digitalización sirvió para la comisión de investigación sobre la M-30, cuyo dictamen se aprobó en el pleno de noviembre, con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. El dictamen acusa al exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón de supuestas "irregularidades" y sobrecostes en la ampliación de los túneles de la M-30 y aboga por recuperar el control público de Calle 30.

Los populares, que votaron en contra de la medida, critican que el dictamen lo redactó Samuel Romero, uno de los comparecientes en la comisión, y actual consejero apoderado de Calle 30 nombrado en 2016 por Ahora Madrid.