Dancausa declara acusada de “perjuicio patrimonial” en Mercamadrid

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, declara este lunes como investigada en relación con un posible delito societario en Mercamadrid, en una causa que afecta también a otros quince exmiembros del Consejo de Administración de esa entidad. Junto a Dancausa declararán otro de los investigados y dos testigos, según fuentes jurídicas.

Este juzgado incoó el pasado mes de mayo, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, diligencias previas para investigar a Dancausa y otros quince exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013, entre ellos Pablo González -hermano del expresidente del Gobierno regional e imputado en la operación Lezo-. En su denuncia, la Fiscalía solicitó al juez que se les tomara declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa MercaOcio 22 S.L., que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para MercaOcio".

El Ministerio Público matizó que "en modo alguno esta operación ha supuesto un daño patrimonial de 11 millones de euros a Mercamadrid, como erróneamente sostienen el Gobierno de Ahora Madrid". Y es que fue el Ayuntamiento de Madrid el que llevó a la Fiscalía, en enero de 2016, el informe con las conclusiones de la investigación que hizo para averiguar si los antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial "lesivo" que le costó 623.000 euros al año.

Dancausa dijo recientemente que afronta "con mucha tranquilidad" su citación como investigada porque el Consejo de Administración tomó una decisión "buena" y el magistrado "lo va a entender perfectamente" y la declarará inocente. El pasado 20 julio la delegada compareció ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados por este asunto -a petición de Podemos, PSOE y Ciudadanos-, y sostuvo que "nunca" ha hecho "nada ilegal" y negó que los contratos suscritos con Merca Ocio supusieran un "daño patrimonial". "Nunca he hecho nada ilegal, no he utilizado los cargos que he ocupado en mi propio beneficio o para ventaja de terceros. Al contrario, siempre he buscado el interés general", declaró. Especificó que "ese eventual daño patrimonial sólo se produciría si no se alquilan las naves de aquí a 2032" e instó al actual Gobierno municipal de Madrid a hacerlo.

La operación, a juicio de Dancausa, resultaba "claramente beneficiosa para Mercamadrid" porque con ella "se ponía fin al litigio existente con MercaOcio desde el año 2001, que podía suponer un coste de ocho millones de euros más intereses" y se daba uso a unas naves "cerradas desde 2004". La delegada también dijo que no veía "en qué sentido es incompatible" su actividad como delegada del Gobierno con la investigación judicial, al tiempo que reiteró que está "investigada" y no "imputada", ya que esta palabra "está cargada de connotaciones negativas".

Junto a Dancausa y Pablo González, hermano del expresidente regional Ignacio González, acusado de corrupción en la trama Lezo,  están investigados en esta causa José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Alvarez y José Domingo Rodríguez Losasa. El juez también imputó a Pablo del Amo Serrano, pero luego tuvo constancia de que había fallecido.