El juez investiga si hubo revelación de secretos en el envío de cartas para el referéndum

El juez de Barcelona que investiga la organización del referéndum del 1 de octubre ha abierto un nuevo frente. El magistrado indaga ahora si hubo revelación de secretos en el envío de cartas a ciudadanos catalanes (cerca de 55.000) para que formaran parte de las mesas electorales. Ese mismo delito también se investiga en relación con la página web creada por el Gobierno catalán que permitía, introduciendo los datos personales, conocer en qué colegio debía votarse.

La Guardia Civil ha entregado recientemente al juez un informe en el que analiza el envío de correspondencia por parte de la Generalitat a los ciudadanos. En esas cartas se utilizaron, presuntamente, datos de carácter personal protegidos por la ley. El juez ha abierto una pieza separada para indagar si hubo un delito de revelación de secretos. Esa investigación apunta especialmente a los responsables del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), un órgano clave en la organización del referéndum.

A partir de un listado, la Generalitat elaboró un sorteo para que los ciudadanos participasen en las mesas electorales. Empezó a enviarles las cartas en septiembre para configurar las 6.300 mesas previstas. La notificación indicaba el lugar en el que debían presentarse el día de la consulta.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, investiga desde el pasado febrero tanto el referéndum del 1-O -suspendido por el Tribunal Constitucional- como la creación de las llamadas "estructuras de Estado" por parte de la Generalitat. En el marco de esas pesquisas, la Guardia Civil detuvo a altos cargos del Gobierno catalán el 20 de septiembre, lo que provocó unas protestas multitudinarias que han llevado a prisión, por orden de la Audiencia Nacional, a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El juez inició la investigación por revelación de secretos contra el exjuez y exsenador de Esquerra Republicana Santiago Vidal. Éste había admitido, públicamente, que el Gobierno catalán había obtenido datos fiscales de los catalanes de forma ilegal. Con las intervenciones telefónicas y el impulso al referéndum, la investigación se amplió en pocas semanas y ahora una veintena de personas permanecen imputadas por diversos delitos; tres de ellos -ex altos cargos del Govern- por rebelión y sedición.