La juez ordena que los menores extranjeros dejen de dormir en celdas

Los menores que permanecían hasta cuatro días encerrados en los calabozos de la Ciudad de la Justicia ya no volverán a pasar allí ni una sola noche. La juez decana de Barcelona, Mercè Caso, ha decidido poner fin a una situación que considera “indigna” y ha prohibido que esos menores extranjeros no acompañados —conocidos como MENA— duerman tanto en el área de custodia de los Mossos d’Esquadra, ubicada en el sótano, como en cualquier otra dependencia de los juzgados de Barcelona. Caso recuerda que la Generalitat debe hacerse cargo de los menores y pide que destine los recursos necesarios.

En el acuerdo gubernativo al que ha accedido EL PAÍS, Caso exige a la unidad de menores de los Mossos d’Esquadra que informe sobre la hora de llegada y salida de los menores a los juzgados y en qué momento se hace cargo de ellos la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat.

En los últimos meses se ha producido un gran aumento de los menores que llegan a Barcelona desde la zona del Rif, en Marruecos, buscando oportunidades formativas y laborales. Sus familias pagan a grupos organizados para que les ayuden a cruzar el Estrecho en lanchas neumáticas e incluso en motos acuáticas. Por su condición de menores, la Generalitat debe hacerse cargo de la tutela desde su llegada. La administración, sin embargo, admite que se ha visto desbordada y no ha sabido dar una acogida rápida a esos menores, que han permanecido más tiempo del habitual —hasta cuatro días, en algunos casos— en las celdas de la Ciudad de la Justicia y, cuando éstas se han saturado, en los pasillos del edificio de la Fiscalía.

La situación “no puede tolerarse más”, advierte caso. “Estos menores no han cometido delito alguno y, por tanto, no puede permitirse que pasen largas horas ni mucho menos que pernocten en el área de custodia policial”, señala el escrito. Tampoco, que lo hagan en los pasillos, situación que es “indigna”. Caso recuerda que, al margen de su identificación por la policía (un trámite breve), los menores deben ser “atendidos inmediatamente” por la DGAIA.

La precaria situación de esos menores llevó el mes pasado a la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, y a la propia Caso a denunciarla en sendos informes. La juez decana ha usado ahora sus prerrogativas para poner fin a esa anomalía. En su escrito, admite que la administración se enfrenta a una “emergencia social” por el aumento de la llegada de “niños y adolescentes inmigrantes” a Cataluña. En 2016 llegaron a Cataluña 684 menores no acompañados; este año, y solo hasta septiembre, son ya 904. Pero no se trata de una “situación puntual”, sino de un “drama humanitario” que obliga a las administraciones a “dar protección” a los menores. “La cuestión es priorizar esta situación y destinar los medios y recursos que precise. No pueden aceptarse remedios bienintencionados pero indignos desde la perspectiva de los menores. Su interés es siempre prioritario”.

La decana recuerda que la situación viene de lejos. En diciembre de 2015, el síndic de greuges, Rafael Ribó, advirtió de que debía evitarse la entrada de los MENA en el área de custodia —reservado, a priori, para menores que sí han cometido delitos— y que convenía buscar “un espacio alternativo” para que los menores recibieran las atenciones necesarias mientras la DGAIA les asignaba un centro.

En mayo de 2016, la decana afirmó que los menores debían quedar “bajo la efectiva protección de la DGAIA”, por ser la institución competente, y no de los Mossos. Y ordenó, al menos, obras en el área de custodia para dividir los espacios: uno para menores que han delinquido, otro para menores bajo “protección”. El Departamento de Justicia respondió a la decana que las obras no eran posibles.

La DGAIA intentó reconducir a los menores hacia la 3ª planta de la Fiscalía como medida “provisional”. Pero la decana se opuso por razones de higiene y seguridad. En un acuerdo del pasado 24 de octubre, la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) recordó que los MENA “se hallan bajo la protección y atención obligada de la DGAIA desde el momento en que son localizados, y no de la Fiscalía de Menores”.