La Intervención de la Generalitat asegura que bloqueó los 6,2 millones para el referéndum

La Intervención General de la Generalitat, el órgano fiscalizador de las cuentas de la administración autonómica, asegura que bloqueó dos partidas presupuestarias que suman 6,2 millones de euros y que estaban destinadas a organizar el referéndum de independencia del pasado 1 de octubre. La máxima responsable de esa institución, Rosa Vidal, explica en un certificado que realizó "las actuaciones necesarias para el bloqueo de cualquier uso y ejecución” de esas partidas una vez que el Tribunal Constitucional las declaró fuera de la ley.

El certificado está en manos de las defensas de los exconsejeros del Gobierno catalán, que pretenden utilizarlo como argumento contra la fianza impuesta por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Tal como le solicitaba la fiscalía, la magistrada ha impuesto una fianza por importe de 6,2 millones que deben aportar el expresident Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los otros 12 miembros destituidos del Gobierno catalán; de lo contrario, sus bienes van a ser embargados hasta cubrir ese importe.

La cantidad fijada por la fiscalía y por la juez parte de la premisa de que dos partidas de los Presupuestos de la Generalitat se destinaron, presuntamente, a organizar la consulta ilegal del 1 de octubre. Una, del Departamento de Gobernación, de poco más de 400.000 euros. La otra (dividida en dos) de fondos interdepartamentales, que suma otros 5,8 millones. Junqueras anunció en su día que esas partidas iban a destinarse a “procesos electorales y participativos”.

Según el documento de la Intervención, al que ha accedido EL PAÍS y que fue emitido el 31 de octubre, de esas dos partidas “únicamente se han reconocido obligaciones de pago de 19.366 euros” que corresponden a gastos de “mantenimiento ordinario” del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, que según las investigaciones judiciales fue un órgano clave en la puesta en marcha de la consulta.

La cantidad de 6,2 millones también aparece en las diligencias de investigación abiertas por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, sobre el referéndum y sobre la creación de las estructuras de Estado. Cuando ordenó los registros en las sedes de los departamentos de la Generalitat, el pasado 20 de septiembre, el juez indicó a la Guardia Civil que “localice, intervenga y ponga a disposición judicial” cualquier documentación relacionada con esas partidas. A finales de octubre, y en el marco de esa investigación, la Guardia Civil pidió a la Generalitat que detalle el coste económico de la consulta (publicidad, urnas, webs, informática, observadores internacionales, etcétera).

Conocer si se han utilizado fondos públicos para organizar el referéndum es clave, no solo para determinar una eventual fianza, sino también para sustentar un delito de malversación de fondos públicos. La malversación, que implica penas de cárcel, es uno de los delitos por los que ocho exconsejeros del Gobierno catalán se encuentran en prisión provisional.

La defensa del exconsejero Santi Vila -el único de los que no han huido a Bruselas que permanece en libertad- considera “absolutamente improcedente” la fianza de 6,2 millones. “La única partida presupuestaria supuestamente malversada que se cita en la querella permanece intacta y bajo el control del Gobierno español”, cita el abogado de Vila, Pau Molins, en el escrito en el que recurre el auto de Lamela que admitió a trámite la querella de la fiscalía. El abogado recuerda que es “público y notorio” que las finanzas de la Generalitat está intervenidas desde el pasado 21 de julio por el Ministerio de Hacienda.

Durante las declaraciones de los consejeros, la semana pasada, las defensas aportaron el certificado de la Intervención General que, en su opinión, “acredita haber bloqueado el uso de tal partida tras su suspensión por el Tribunal Constitucional”. “¿Cómo es posible que se fije una fianza sobre la base de una partida supuestamente malversada, cuando el propio ministro y la interventora de la Generalitat certifican que no se ha tocado?”.