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PSOE y Podemos piden la retirada del proyecto de Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid

La Asamblea discute hoy las enmiendas a la totalidad presentadas por los dos partidos contra una norma que, consideran, favorece la vuelta a la especulación

Los grupos de PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid defenderán hoy sendas enmiendas para que se retire el proyecto de Ley del Suelo que impulsa el Gobierno del Partido Popular. “Estamos en contra por la forma —no han buscado el acuerdo de ningún colectivo— y el fondo —es una norma ultraliberal en la que no importa lo público—”, explica el socialista Rafael Gómez Montoya. Alejandro Sánchez, del Grupo Parlamentario de Podemos, añade: “En lugar de mejorar las cosas, profundiza en todo aquello que facilitó la burbuja inmobiliaria y la especulación”. El director general de Urbanismo de la Comunidad, José Tortosa, rechaza las acusaciones y echa en cara a sus oponentes que ni siquiera presenten un texto alternativo.

Una promoción de viviendas en construcción en Boadilla del Monte.
Una promoción de viviendas en construcción en Boadilla del Monte.

La nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid pretende, según el propio texto, aclarar y reunir una legislación dispersa, derogando una norma que ha quedado obsoleta (la actual, de 2001, ha sido enmendada numerosas veces), además de buscar “la sostenibilidad urbana, la cohesión territorial, la movilidad sostenible, la accesibilidad universal como garantía de la no discriminación”. Sin embargo, la lectura que hacen del proyecto PSOE y Podemos, así como la organización Ecologistas en Acción y la Federación de Asociaciones de Vecinos de la región, es muy distinta: creen que se deja en un segundo plano cualquier intervención pública en favor de la iniciativa privada, olvidando los objetivos sociales y ambientales que debe perseguir, insisten, la política de gestión del suelo.

Ponen como ejemplos más claros la cesión de terreno que los promotores de nuevos desarrollos deben reservar para construir dotaciones (colegios, zonas verdes, etcétera) y para levantar vivienda pública. El proyecto mantiene los porcentajes, en su opinión ridículos, que exige la actual legislación tras sucesivas rebajas de la ley de 2001: 30 metros cuadrados por cada 100 construidos para dotaciones y un 30% del suelo para vivienda pública, proporciones que además pueden llegar a reducirse en municipios pequeños.

Enrique Veloso, de Ciudadanos, defiende sin embargo “las líneas maestras que dibuja la exposición de motivos de la ley” y la necesidad de “agilizar las licencias, el desarrollo” de las normativas urbanísticas municipales. Aun así, consciente de que el actual texto “no es perfecto”, aboga por mejorarlo a través de enmiendas parciales (Ciudadanos ha presentado un centenar, que se suman a 200 de PSOE, 600 de Podemos y 58 del PP).

“Sinceramente, no creo que esta ley tenga mucho arreglo”, contesta Alejandro Sánchez, del Grupo Parlamentario de Podemos, portavoz de Equo. Insiste en que empeora el marco actual, dejando “el urbanismo en manos privadas”. “Lo que se busca es reactivar el sector inmobiliario como sea, dándoles todas las facilidades que se les ha ocurrido”, añade. Aparte de las cesiones para dotaciones y vivienda social, Sánchez se queja de que no se incluye en esta ley la ordenación del territorio; es decir, una guía que debería orientar las políticas de los Ayuntamientos y estrechar los márgenes de discrecionalidad.

Con argumentos muy similares, el PSOE va a pedir al nuevo consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Pedro Rollán, recién llegado al puesto en sustitución de Jaime González Taboada, que pare la tramitación, explica Rafael Gómez Montoya. “Mañana [por hoy] le volveremos a pedir que la pare para reordenar el debate, antes de mandar el texto a la ponencia [el siguiente trámite en el proceso de aprobación de la ley]”, dice el diputado socialista.

El director general de Urbanismo de la Comunidad, José Tortosa, se queja, por su parte, de que las enmiendas a la totalidad presentadas no ofrezcan un texto alternativo, pues asegura que existe una imperiosa necesidad de una nueva normativa. “Creo que todos los grupos de Asamblea están de acuerdo en que la actual se ha quedado obsoleta”, sostiene. Por eso, continúa, el Gobierno madrileño está dispuesto a discutir y a transaccionar todas las enmiendas que “sean constructivas y busquen mejorar el texto”. Sobre las acusaciones de falta de participación, señala numerosas reuniones en mesas de trabajo, tanto políticas como técnicas, con todo tipo de organizaciones. Y sobre la relación los actores públicos y privados, añade que el texto “se limita a recoger” la legislación comunitaria y nacional.

Viviendas ilegales y rehabilitaciones

Urbanizaciones irregulares. El proyecto de Ley del Suelo da facilidades para regularizar las urbanizaciones ilegales enquistadas en la región desde hace décadas. La oposición se queja de que no se les exigen suficientes contraprestaciones a cambio de la legalización.

Suelo no urbanizable. La norma consolida numerosas excepciones que se han ido incorporando en la legislación madrileña para construir en terrenos no urbanizables, incluso protegidos.

Regeneración. El proyecto dedica un apartado a las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana. Muchos expertos defienden la necesidad de fomentarlas, pero la oposición critica que la norma únicamente fomenta iniciativas privadas a cambio de mayor edificabilidad.

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