La Junta pide la desclasificación total del expediente sobre García Caparrós

“La Junta entiende que las explicaciones que se han dado hasta ahora son incompletas, parciales; y no entiende por qué no se puede tener acceso a toda la documentación”. Así ha justificado este miércoles el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, la decisión de este Ejecutivo de enviar un nuevo requerimiento a la Mesa del Congreso para que desclasifique completamente el expediente sobre el asesinato de Manuel José García Caparrós en la manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977 en Málaga. Las actas de la comisión parlamentaria que investigó el suceso conocidas recientemente tienen los nombres tachados.

Se acerca el 40º aniversario de la muerte del joven por el disparo de un policía, y de las manifestaciones masivas en las calles andaluzas para reclamar el autogobierno pleno, por lo que se intensifican los gestos políticos para intentar esclarecer el crimen de García Caparrós durante la Transición y reconfortar a la familia. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha recibido hoy a las tres hermanas de la víctima (Purificación, Dolores y Francisca), que llevan cuatro décadas pidiendo justicia. Nunca se ha identificado al autor del crimen.

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El Consejo de Gobierno de la Junta pidió al Congreso en agosto pasado que hiciese públicos los “datos completos” de la comisión que investigó en 1978 lo que había ocurrido en la manifestación de Málaga. Buena parte de ese trabajo (hubo miembros de los seis grupos con representación en la Cámara baja) ha trascendido con los años, pero había tres sesiones cuyas actas permanecían secretas y nunca habían podido ser consultadas.

Blanco ha explicado que se ha recibido la comunicación de la información que se podía hacer pública (675 folios), pero todos los papeles están salpicados de tachaduras y eso “no permite una visión completa” de los hechos. Esta limitación también la ha vivido la diputada de Unidos Podemos por Málaga, Eva García Sempere, autorizada por la Mesa del Congreso, al segundo intento, para consultar esas actas que han permanecido bajo secreto durante casi 40 años, aunque sin tener acceso a datos de carácter personal.

García Sempere desveló el pasado 20 de octubre, tras mirar parte del expediente, que los diputados de la comisión obviaron el informe policial que señalaba el origen de los disparos, uno de los cuales acabó con la vida de García Caparrós; descartaron que existieran responsabilidades políticas por estos acontecimientos; y concluyeron que Málaga necesitaba un plan de inversiones. La investigación de la Policía Armada hablaba de tres cargas policiales (se realizaron después de que se colgara la bandera andaluza en la fachada de la Diputación) y en el punto donde fue herido mortalmente García Caparrós, una sección de 32 agentes realizó 30 disparos al aire. Los documentos también revelan que hubo policías “expedientados y arrestados” por estos sucesos, algo que se desconocía.

Precisamente, el abogado de la familia de la víctima, Luis Ocaña, ha dicho este miércoles que entre la información que interesa para la causa estarían esas medidas disciplinarias adoptadas contra los agentes, de los que se desconoce su identidad porque los nombres han sido tachados de la documentación parcialmente desclasificada.

El portavoz del Gobierno andaluz ha reclamado al Congreso que dé toda la información posible y haga “un ejercicio de transparencia y de justicia” para saber exactamente qué ocurrió el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, especialmente por el interés de la familia de la víctima. García Caparrós fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo en 2013.