La CUP arrastra al soberanismo en su estrategia a favor de la independencia

Las distintas familias del soberanismo catalán han acabado abrazando en las últimas semanas la estrategia de la CUP en favor de la independencia, que tuvo como máxima expresión la huelga general de este martes. La protesta había sido convocada por los anticapitalistas el 23 de septiembre y diversos sindicatos minoritarios, pero finalmente se sumaron desde el PDeCAT a Catalunya en Comú y la patronal que representa a las pequeñas y medianas empresas.

“Nos vemos en la calle”, les gusta proclamar a los diputados y otros cargos electos de la CUP en sus intervenciones, sea en el Parlament o en cualquier otro foro. Y las calles de Cataluña se están convirtiendo desde hace semanas en el principal escenario para reclamar la independencia. Ya no se trata solo de las manifestaciones que se han celebrado cada 11 de septiembre desde 2012, sino que con motivo de la campaña del referéndum se empezaron a producir concentraciones de miles y miles de personas que se repiten casi cada día.

Los argumentos esgrimidos estas semanas han sido muy diversos: desde que se trataba de una "movilización", como el caso de Catalunya en Comú con la celebración del referéndum del 1 de octubre, o bien que se trataba un “paro de país”, eufemismo utilizado por Esquerra Republicana y la antigua Convergència para sumarse a la protesta de ayer.

Els carrers seran sempre nostres (las calles siempre serán nuestras) es uno de los gritos que más corean parte de los concentrados en todas las protestas, al margen de su edad y clases sociales. Y esta dinámica aglutinadora que caracteriza al independentismo parece impensable que se vaya a romper, al menos hasta que el Parlament proclame la secesión en un pleno aún por determinar que se celebrará en los próximos días. Posiblemente entonces volverán a aflorar las enormes discrepancias ideológicas que separan a las tres formaciones independentistas que tienen mayoría en el Parlament (PDeCAT, Esquerra y la CUP) y a partir de ahí se mantiene la unidad.

La cohesión en torno al objetivo común de la secesión y haber acabado abrazando las tesis de la CUP ha fraguado, entre otras causas, por las actuaciones policiales y judiciales que pretendían desbaratar el referéndum. Ninguna tan trascendente como los efectos que produjeron las cargas policiales de la Policía y la Guardia Civil en los colegios electorales durante la jornada del referéndum que se saldaron con unas 900 personas atendidas. Al día siguiente, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, reclamó la salida de Cataluña de los miles de agentes de ambos cuerpos que habían llegado antes del 1 de octubre.

Ese es un mensaje radical que desde hace años difunde el independentismo más duro, que considera a ambos cuerpos policiales “fuerzas de ocupación”. Precisamente fue la actuación policial la que llevó a los sindicatos UGT y CC OO a sumarse al paro de ayer, que había sido convocado el 23 de septiembre por la CUP, la Confederación General del Trabajo y otros sindicatos minoritarios. Inicialmente no se pretendía otra cosa que mantener las manifestaciones en las calles después del referéndum y la declaración unilateral de independencia del Parlament, pero finalmente todo cambió.

La CUP ya ha advertido que no permitirá dar marcha atrás en la declaración de la secesión una vez proclamados los resultados. La ley del referéndum suspendida por el Tribunal Constitucional prevé que esa declaración formal se produzca “dentro de los dos días siguientes” en un pleno ordinario.

Pero las cargas policiales del domingo no han sido el único motivo que ha sumado adeptos al independentismo para llegar hasta el final. Los 41 registros realizados el pasado 20 de septiembre en la sede del departamento de Economía de la Generalitat que concluyeron con 14 detenciones, las entradas en diferentes empresas, medios de comunicación y otros organismos de la Generalitat en busca de papeletas, urnas y cualquier clase de material relacionado con el referéndum alentaron que los partidos políticos y una parte de la sociedad abrazara el discurso de la CUP de la “represión del Estado español” y de la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo.

Y en este tablero político, los comunes, liderados por Ada Colau, que empezaron sin definirse, acabaron secundando la consulta ilegal. “Era una movilización”, dijeron, pero lo apoyaron y la alcaldesa de Barcelona pactó con Puigdemont que le facilitaría locales municipales (escuelas y centros cívicos) a cambio de que dejaran de criticarla. Otra cosa es el grupo parlamentario de Catalunya sí que es Pot en el Parlament, formado por 11 diputados y con los que Colau tiene discrepancias políticas y personales.