La tensión por la consulta paraliza la actividad en los ayuntamientos

El aumento de la crispación política a medida que se aproxima la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y las intervenciones financiera y policial del Estado para impedirlo están paralizando la actividad política de muchos ayuntamientos catalanes. Decenas de ellos —resulta difícil cuantificarlos con exactitud— han decidido suspender sus plenos municipales que debían celebrarse esta semana y aplazarlos para después del domingo. Desde grandes ciudades como Barcelona, Terrassa o Tarragona hasta otras como Granollers, Mollet o Premià de Mar han tomado esa decisión.

Los motivos que esgrimen son diferentes y van desde un acto de protesta a las intervenciones policiales, las detenciones de altos cargos de la Generalitat y citaciones de la fiscalía a alcaldes de los últimos días a una forma de evitar confrontaciones políticas. En lo que sí coinciden muchos de los comunicados emitidos por los Ayuntamiento es justificar el aplazamiento por la “situación de excepcionalidad” que vive Cataluña.

ERC ha enviado una petición a todos sus concejales para intentar paralizar la actividad a nivel municipal porque consideran que tras las últimas acciones del Estado “no hay una normalidad política”. “Los ayuntamientos no podemos actuar con normalidad cuando otras administraciones no pueden hacerlo”, defiende Isaac Albert, concejal de ERC en Terrassa, en referencia a la intervención financiera de la Generalitat por parte del Gobierno central. Además de los Consistorios, la Diputación de Tarragona también ha aplazado su pleno y se espera que hoy lo haga la de Barcelona. Los entes locales siguen así la iniciativa de la mesa del Parlament, que decidió suspender la actividad de la Cámara hasta pasado el referéndum, después de dos sesiones maratonianas muy crispadas en que se aprobaron las leyes del referéndum y de la de transitoriedad jurídica.

Los municipios se dividen entre los que han decidido suspender los plenos como acto de protesta a las respuestas judiciales y policiales al referéndum y los que quieren evitar la crispación. Terrassa, la cuarta ciudad catalana —gobernada por PSC y PDeCAT—, decidió aplazar la sesión plenaria prevista para el jueves y las comisiones informativas —con el voto favorable de todos los partidos, excepto PP y Ciudadanos— a raíz de la larga operación de la Guardia Civil en la oficina de la empresa Unipost en este municipio, en la que se incautó de tarjetas censales y notificaciones para los miembros de las mesas electorales. La acción policial se alargó durante más de 12 horas y contó con la protesta de hasta 400 personas, entre ellas los representantes municipales de los partidos independentistas. El alcalde, Jordi Ballart, (PSC) condenó la intervención policial a través de su cuenta de Twitter.

Protesta en Sabadell

Sabadell ha seguido los pasos de Terrassa también como medida de protesta por las acciones policiales, ya que se hizo un registro de una imprenta local y su alcalde Maties Serracant (Crida per Sabadell) fue citado por la fiscalía, aunque no se presentó.

Los hay que han preferido evitar situaciones de crispación, especialmente aquellos en los que no gobiernan partidos independentistas. En los últimos días, alcaldes del PSC han denunciado insultos y presiones por no ceder locales municipales. Barcelona, aunque también denuncia las acciones del Gobierno central, admite que ha aplazado el pleno “para poder mantener un debate plenario con más normalidad”, justificaron desde el Ayuntamiento. La decisión fue secundada por BComú, PDeCAT, ERC y la CUP, mientras PSC, PP y Ciudadanos se opusieron. Estos dos últimos grupos criticaron la suspensión del pleno y acusaron a la alcaldesa Ada Colau de “paralizar la institución”. Alberto Fernández Díaz, concejal popular, reprochó a los partidos independentistas de “suspender la actividad municipal mientras critica la suspensión del autogobierno de Cataluña”.

El Ayuntamiento de Tarragona, gobernado por el socialista Josep Lluís Ballesteros, también se justifica en esta línea y asegura que quiere “aislar el debate municipal de elementos externos”. La ciudad admite que con el contexto político actual podría producir “interferencias en la vida y la gestión municipal”, cosa que se podría traducir en votaciones perdidas por los gobiernos municipales que en otras circunstancias no se producirían. ERC y la CUP de Tarragona reprochan a Ballesteros que no quiera posicionarse en una moción que los republicanos iban a presentar para condenar “la represión judicial” por parte del Estado, informa Marc Rovira.

L’Hospitalet de Llobregat celebró ayer su pleno. La alcaldesa Núria Marín (PSC) quería aplazarlo, pero la sesión ya estaba convocada y no consiguió unanimidad. No obstante, los concejales de ICV-EUiA, ERC, PdeCAT y la CUP se marcharon del pleno justo al inicio de la sesión.Badalona también celebró ayer su pleno.